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La Comisión Europea ha presentado el Plan de Acción Industrial para la Automoción, reafirmando su compromiso con la descarbonización. Aunque se han flexibilizado los plazos de la normativa CAFE, los objetivos de reducción de emisiones de CO2 se mantienen. La UE también está invirtiendo 3.000 millones de euros para reducir la dependencia de las baterías chinas y fomentar la producción de baterías en Europa. Además, se están implementando normas para incentivar la fabricación de vehículos eléctricos dentro de la UE y garantizar la transferencia de tecnología y conocimiento.
La Comisión Europea acaba de presentar el Plan de Acción Industrial para la Automoción, un documento clave que deja claro el compromiso de la UE con la descarbonización.
En este plan, se introducen cambios en los plazos de la normativa CAFE. Establecida en 2019 limitaba para este año las emisiones de CO2 del total de vehículos nuevos a un máximo de 96,3 gramos por kilómetro de media. A la vista de que los fabricantes de vehículos no lo iban a poder cumplir y por tanto serían sancionadas o abocadas a comprar créditos de carbono a otras marcas de automóviles extranjeras, restando aún más su competitividad, se ha producido un cambio aun manteniendo la dirección y los objetivos a alcanzar.
Y es que dentro del marco de la Brújula para la Competitividad, la UE ha flexibilizado los plazos de manera que en lugar de tener que cumplir la media de 96,3 gr de CO2 por Km en 2025, se podrá hacer el cómputo conjunto de los años 2025, 2026 y 2027. Por tanto, si este año las marcas se relajan, las exigencias para los años venideros serán aún mayores. Con este cambio, la apuesta por el vehículo eléctrico sigue clara, los objetivos no han variado, aunque sí se tendrán que cumplir en lugar de anualmente, de forma trianual.
Fuente IV Informe OBS Movilidad eléctrica en España
China se está comiendo el mercado (7 de cada 10 vehículos eléctricos vendidos en Europa utilizan baterías procedentes de allí), y además la fabricación de vehículos se está desplazando hacia países con mayores ventajas comerciales como Marruecos y Turquía. Por ello, la UE ha dedicado 3.000 millones del fondo de innovación para reducir su dependencia de las baterías y materias clave del gigante asiático y apoyar la producción de baterías en el continente. Se quiere con ello garantizar que al menos el 50% del valor añadido de los vehículos eléctricos proviene de Europa. Pero además, Europa está dispuesta a incentivar la fabricación dentro de la UE y para lograrlo ha puesto sobre la mesa unas normas que obligarán a los fabricantes extranjeros a crear acuerdos con empresas de la Unión. De esta forma se garantiza la transferencia tanto de conocimiento como de tecnología. Se trata de algo que no es novedoso, pues China lleva con esta política desde hace más de 10 años. Hemos tardado demasiado en reaccionar.
El sector automotriz es un pilar fundamental de la economía europea, y está atravesando una transformación sin precedentes. Sin embargo, de los más de 290 millones de vehículos en circulación en Europa, solo 6 millones son de cero emisiones.
El dato más relevante es que el 60% de los automóviles nuevos registrados en la UE son adquiridos por empresas. Esto significa que cualquier medida aplicada a las flotas corporativas tendrá un impacto significativo en el mercado global, contribuyendo a reducir la huella de carbono y mejorando la competitividad de la industria automotriz europea.
Y es que el transporte representa el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE. La aceleración de la transición a flotas de cero emisiones no solo reducirá estas emisiones, sino que también mejorará la calidad del aire en áreas urbanas donde muchas ciudades ya han establecido zonas de bajas emisiones y contribuirá a una mayor independencia energética, crítica en la situación geopolítica y geoestratégica en la que se encuentra el continente.
Se consideran vehículos corporativos aquellos registrados por una entidad legal y se dividen en cinco categorías:
Por ello, en este Plan de Acción también se anuncia la intención de desarrollar una propuesta legislativa que explore todas las opciones políticas para aumentar la adopción de vehículos de cero emisiones en las flotas corporativas.
Así, esta propuesta reforzaría la Directiva de Vehículos Limpios, que hasta ahora obligaba a que cualquier contrato firmado por la administración pública y relacionado con flotas (directas o indirectas) incluya un porcentaje mínimo de vehículos limpios: 36,3 % hasta el 2025 en el caso de turismos y furgonetas, que a partir de esta fecha deberán de ser cero emisiones, 10% en el caso de camiones -que aumentaría al 14% a partir de 2025- y 45% en el caso de autobuses -que deberían aumentar al 65% a partir del 2025-.
Algunas compañías dedicadas al transporte de mercancías lo están viendo como una medida que debería ser limitada para que realmente haya competitividad en precios y no asuma todo el sector privado la falta de compromiso del sector de la automoción, ya que cuando esa flota se refiere a vehículos pesados, más difíciles de electrificar en el actualidad, aunque el objetivo sea menor se convierte en un reto y también riesgo crítico.
Y si bien falta por definir los objetivos, un compromiso similar es el que la UE está considerando extender a las flotas privadas, asegurando una transición gradual y económicamente viable para las pequeñas y medianas empresas.
Otra de las medidas que se han propuesto son las que se refieren a las ayudas económicas. Ya no irán dirigidas a los fabricantes, sino al usuario final y al despliegue de infraestructura de recarga, en un intento de democratizar la movilidad eléctrica. Se crearán unas líneas de crédito accesibles a las personas con menos recursos, aquellas que necesitan un vehículo pequeño y barato que les permita moverse por las ciudades y se pondrá foco en reducir al máximo los plazos para agilizar el despliegue de la infraestructura de recarga, que como se evidenció en el IV Informe OBS Movilidad eléctrica en España, pueden llegar a tres años en el territorio nacional.
En 2025, la Comisión Europea lanzará una iniciativa legislativa para acelerar la adopción de vehículos de cero emisiones en flotas corporativas. Además, se iniciará un diálogo con la industria y reguladores para definir estrategias y financiamiento; y se trabajará en estándares comunes de incentivos fiscales y desarrollo de infraestructura de recarga.
Y es que si queremos ser competitivos la independencia energética es clave, y en este sentido la movilidad eléctrica es un compromiso estratégico. La UE, por tanto, ha flexibilizado plazos, pero sigue firme en sus objetivos y la brújula no ha variado la dirección.
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