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El consejo de administración de Cogersa, presidido por la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, aprobó el inicio del expediente de contratación de un seguro de daños materiales que proporcione cobertura a todas las instalaciones, incluyendo el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Serín y la red territorial de centros de recogida.
De izquierda a derecha: Rodrigo Pintueles, concejal Ayuntamiento de Gijón; José Ramón Pando, concejal del Ayuntamiento de Oviedo; Manuel Á. Álvarez, alcalde del Ayuntamiento de Mieres; Manuel Á. Campa, concejal del Ayuntamiento de Avilés; Pablo Álvarez, vicepresidente de Cogersa y representante del Gobierno del Principado; Nieves Roqueñí, presidenta de Cogersa; Paz Orviz, gerente de Cogersa; Rafael Fueyo, secretario de Cogersa; Enrique Céspedes, interventor de Cogersa; Jorge Suárez, alcalde del Ayuntamiento de Gozón; Julio L. García, alcalde del Ayuntamiento de Laviana.
El servicio sale a contratación pública por un presupuesto base de licitación de un millón de euros anuales para las instalaciones centrales y por 35.000 euros más para los puntos limpios, áreas de voluminosos y estaciones de transferencia que Cogersa tiene en toda la región, así como la oficina de Oviedo, la sede social. Queda fuera de la cobertura de esta póliza la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto, que está en reconstrucción tras el incendio acaecido en abril de 2024.
El valor de reposición de los bienes a asegurar es de 98,4 millones de euros en el caso del CTR y de 7,7 millones, para la red territorial de instalaciones de recogida.
La duración del contrato es de un año desde la formalización, prorrogable a uno más por acuerdo de ambas partes.
La consejera y presidenta del Consorcio ha recordado que el sector de las aseguradoras vive un momento de inestabilidad y de cambios en el ámbito internacional que conlleva una gran dificultad para fijar condiciones estables a largo plazo en cualquier contrato. Por esa razón, en esta licitación se han fijado diferentes mecanismos de flexibilidad como la posibilidad de modificar en un 20% al alza el precio anual, en caso de modificaciones derivadas de nuevas adquisiciones y/o inversiones en Cogersa; o la opción de que la adjudicataria renuncie a la prórroga, si lo anuncia con cinco meses de antelación.
El consejo de administración de Cogersa ha aprobado asimismo la adjudicación a la empresa Sociedad Gallega de Polímeros S.A. (Sogapol) el servicio de operación de las plantas de clasificación de los residuos municipales que llegan por separado al Centro de Tramiento de Residuos de Asturias, en concreto, de las naves de papel y cartón y envases ligeros, la explanada de transferencia de vidrio y la zona de recepción de otros materiales (plásticos de gran tamaño, de origen industrial, fundamentalmente, o plásticos no envase).
El contrato se formalizará próximamente por un importe de 2.470.255 euros al año (IVA no incluido) y con una duración máxima de cinco años.
La empresa operará la planta con tres turnos diarios y los fines de semana, incluyendo mantenimiento, para poder asumir el incremento previsto en la llegada de materiales separados en origen por la ciudadanía y las empresas. Vinculados a este contrato estarán 66 puestos de trabajo en la empresa explotadora, entre técnicos, operarios, peones y conductores.
Cogersa explota las plantas de reciclaje a través de la colaboración con el sector privado desde 1998, cuando se pusieron en marcha las primeras instalaciones de este tipo en el polígono de Serín. El contrato vigente incluye la aportación por parte de la adjudicataria del personal, la maquinaria auxiliar y los consumibles para realizar las tareas de selección, carga, limpieza y mantenimiento preventivo básico (engrases y ajustes periódicos). En esta nueva licitación se han incorporado, además, el mantenimiento correctivo de las líneas de selección, el mantenimiento preventivo oficial de los sistemas contra incendios, equipos eléctricos y otros, y la gestión de los materiales impropios (rechazo) que pudieran ser susceptibles de aprovechamiento.
Roqueñí ha incidido en que el objetivo es “mejorar la eficiencia, la flexibilidad operativa y la seguridad de las instalaciones que procesaron en 2024 casi 57.000 toneladas de residuos separados en origen”.
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