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Las nuevas normas protegerán aún más la salud humana y el medio ambiente de los vertidos nocivos de aguas residuales urbanas y garantizarán unos ríos, lagos, aguas subterráneas y costas más limpios en toda Europa.
La Directiva revisada aportará unos beneficios económicos de aproximadamente 6 600 millones de euros anuales de aquí a 2040, que compensarán con creces los costes de aplicación estimados, al tiempo que simplificará las obligaciones de información de los Estados miembros.
Normas actualizadas
La Directiva se aplica a un número más amplio de zonas, incluyendo la cobertura de aglomeraciones más pequeñas a partir de 1.000 habitantes. Se eliminarán más nutrientes de las aguas residuales urbanas y se aplicarán nuevas normas a los microcontaminantes.
Ahora se exige un seguimiento sistemático de los microplásticos y los PFAS (a menudo denominados sustancias químicas para siempre), así como de los parámetros de salud pública. Esto incluye la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, una amenaza creciente para la salud pública, y de varios virus, como el SARS-Covid, para detectar los primeros signos de una epidemia. Estos datos recogidos a tiempo permitirán tomar decisiones rápidas en caso de emergencia de salud pública.
De acuerdo con el principio de «quien contamina paga», la nueva ley garantizará que los costes del tratamiento avanzado sean sufragados en su mayor parte por la industria responsable, en lugar de por las tarifas del agua o el presupuesto público. Las industrias farmacéutica y cosmética, cuyos productos generan la mayor cantidad de microcontaminantes en las aguas residuales, deberán pagar al menos el 80% del coste de su eliminación. Esto limitará el coste de los nuevos requisitos para los ciudadanos.
Las nuevas normas impulsarán el sector de las aguas residuales hacia la neutralidad energética y climática. También mejorarán la gestión de las aguas pluviales en las ciudades, que será cada vez más importante ante el aumento de las lluvias torrenciales debido al cambio climático.
En el caso de las grandes ciudades, los Estados miembros tendrán que elaborar sistemáticamente planes de gestión integrada de las aguas pluviales que reduzcan el riesgo de inundaciones urbanas y de contaminación durante las lluvias torrenciales. Las ciudades más pequeñas tendrán que hacerlo cuando las aguas pluviales supongan un riesgo. En estos planes deben establecerse acciones concretas de gestión y dar prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza.
El aumento de la circularidad es un elemento clave de la Directiva revisada, y se han introducido nuevos requisitos para recuperar componentes valiosos de las aguas residuales y los lodos de depuradora, como el fósforo, una materia prima fundamental en la UE. Esto permite su uso posterior en sectores como la agricultura.
Además, la Directiva fomenta una mayor reutilización de las aguas depuradas, garantizando que no se desperdicien recursos valiosos, ayudando a proteger el suministro de agua en regiones con problemas hídricos y aliviando la presión sobre las cadenas de suministro.
Por último, garantizará el acceso al saneamiento en espacios públicos a los dos millones de personas más vulnerables y marginadas de la UE. Para finales de 2029, los Estados miembros deberán identificar a las poblaciones vulnerables y marginadas, aplicar medidas para mejorar su acceso a las instalaciones de saneamiento y promover instalaciones públicas de saneamiento de libre acceso, seguras e higiénicas en zonas urbanas de al menos 10.000 habitantes. Esto está en consonancia con los requisitos establecidos en la Directiva revisada sobre agua potable, que exige el acceso al agua para todos.
Apoyo de la UE a la aplicación
Para simplificar la notificación y el tratamiento de los datos sobre tratamiento de aguas residuales, la Agencia Europea de Medio Ambiente proporcionará bases de datos digitales a los Estados miembros. Ya no tendrán que presentar informes escritos cada dos años, como en la Directiva anterior, lo que reducirá la carga administrativa.
La Directiva refundida establece los requisitos legales para la gestión de las aguas residuales en las próximas décadas, dando al sector del agua la seguridad necesaria para planificar en consecuencia. La Comisión Europea colaborará estrechamente con los Estados miembros para garantizar que la Directiva se aplique eficazmente y contribuya a una Europa resistente al agua. Esto incluye proporcionar orientación y apoyo para facilitar el cumplimiento y alcanzar los objetivos de la Directiva.
En relación con la entrada en vigor de la Directiva, Jessika Roswall, Comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia de los Recursos Hídricos y Economía Circular Competitiva, ha declarado lo siguiente:
«Un medio ambiente limpio está en el centro de la prosperidad de Europa. Las nuevas normas sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas garantizarán la protección de la salud de los ciudadanos, impulsarán la innovación y promoverán la circularidad. Esto ayudará a los Estados miembros a ser más resilientes al agua.»
Antecedentes
La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas se adoptó por primera vez en 1991 y ha contribuido decisivamente a mejorar la calidad de las masas de agua en toda la UE.
Sin embargo, después de más de 30 años, la Directiva necesitaba una revisión general para abordar las nuevas fuentes de contaminación urbana, que se han vuelto más dominantes (como las ciudades más pequeñas, las instalaciones descentralizadas o las aguas pluviales). También han aparecido nuevos contaminantes, como los microplásticos o los microcontaminantes (como los productos farmacéuticos o cosméticos).
Además, el sector de las aguas residuales urbanas debe aprovechar su potencial de neutralidad energética, contribuyendo así a los objetivos climáticos de la UE.
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