ALADYR advierte sobrerregulación en la desalinización en Chile

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Desde la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, ALADYR, se mostraron preocupados respecto a algunos aspectos del proyecto de ley que pretende regular la desalinización puesto que consideraron que podrían entorpecer el crecimiento de la industria y, por tanto, ser un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de seguridad hídrica.

El Proyecto de Ley sobre el Uso de Agua de Mar para Desalinización, identificado como Boletín Nro. 11.608-09, propone una institucionalidad renovada para fomentar el desarrollo de esta tecnología clave en la gestión hídrica. Sin embargo, según José Ignacio Zaldívar, representante de ALADYR para asuntos legales y socio de Zegers Abogados, el enfoque podría ser contraproducente.

Zaldívar señala que algunos aspectos del proyecto deben ser modificados puesto que se solapan con normativas existentes, lo que genera una estructura legislativa compleja y, en ocasiones, innecesaria. “La creación de la Concesión de Desalinización, por ejemplo, es redundante, ya que las concesiones marítimas están reguladas por el DFL 340/60. La duplicidad de normas no aporta soluciones concretas, sino que añade cargas burocráticas”, enfatizó.

Además, cuestiona la necesidad de informes obligatorios vinculantes como el de la Dirección General de Aguas (DGA), que podrían limitar la participación privada. "Es fundamental que el marco regulatorio fomente la innovación y la inversión, no que las frene con procesos excesivamente centralizados", añadió.

Un punto crucial, según Zaldívar, es la falta de políticas de subsidio y fomento que permitan democratizar el acceso al agua desalinizada. "Este proyecto no aborda el problema principal: hacer asequible el agua desalinizada para comunidades de bajos recursos. Sin este soporte, seguimos dejando de lado una gran oportunidad para mejorar la seguridad hídrica en nuestro país", afirmó.

Un elemento central del proyecto es la Estrategia Nacional de Desalinización, diseñada para guiar el desarrollo sostenible de esta tecnología. Sin embargo, José Ignacio Zaldívar advierte sobre el riesgo de que esta estrategia derive en una planificación estatal rígida que limite la iniciativa privada. "Aunque es positivo contar con lineamientos claros, es fundamental garantizar que estos no obstaculicen la innovación o excluyan arbitrariamente proyectos en zonas estratégicas", afirmó.

Para ALADYR, el régimen de fiscalización y sanciones propuesto también ha generado preocupaciones. Las multas, que pueden llegar a 10.000 Unidades Tributarias Anuales (USD 4,2 millones), son desproporcionadas -sostienen- especialmente cuando se suman a otras sanciones vigentes en normativas relacionadas. "Este tipo de sanciones no solo desincentiva la inversión, sino que también deja a los concesionarios en una posición vulnerable ante eventualidades técnicas o administrativas", señaló Zaldívar.

El proyecto también introduce criterios para evitar la descarga de salmuera en ciertas áreas, sin considerar el avance de tecnologías que permiten mitigar su impacto ambiental. Según Zaldívar, esta disposición podría excluir proyectos en zonas clave y afectar la seguridad hídrica por estar desactualizada respecto de las capacidades técnicas actuales.

Avances Propositivos

A pesar de sus deficiencias, el proyecto también incorpora disposiciones relevantes, como el derecho de los concesionarios a imponer servidumbres legales de desalinización. Esto facilita la construcción de infraestructuras esenciales para transportar agua desde las plantas hasta los centros de consumo.

Otro avance destacado es la obligación de destinar un 5% de la capacidad de producción de las plantas al consumo humano, con los costos de potabilización y transporte asumidos por los servicios sanitarios. “Estas medidas son un paso en la dirección correcta, aunque todavía insuficientes para enfrentar los desafíos estructurales del sector”, precisó Zaldívar.

Desde la perspectiva de ALADYR, el desafío radica en equilibrar la normativa para evitar la sobrerregulación, mientras se implementan incentivos que hagan viable el agua desalinizada como recurso universal. "El desarrollo de la desalinización no puede depender únicamente de nuevas leyes. Necesitamos políticas integrales que prioricen la sostenibilidad, accesibilidad y participación activa de todos los sectores", culminó Zaldívar.

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