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Cerca de un centenar de profesionales del sector del agua urbana de toda España se han reunido, en Granollers, en una jornada donde se han abordado los nuevos desafíos a afrontar en el tratamiento de las aguas residuales urbanas, fundamentalmente, en aquello relacionado con los nuevos requerimientos que supone la reciente aprobación de la revisión de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas (TARU).
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La sesión, organizada por AGA-AEAS y el Consorci Besòs Tordera en colaboración con Acciona, ha comenzado con las intervenciones de Pere Grivé, vicepresidente del Consorci; Jesús Maza, presidente de la asociación; Enrique Baquerizo, presidente de la Comisión V; y Alba Barnusell, alcaldesa de Granollers. Todos ellos han tenido palabras de recuerdo y homenaje para los damnificados por la DANA y se ha hecho un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas.
Pere Grivé ha tenido palabras de reconocimiento hacia el sector del agua urbana representado en la asociación. “Además de trabajar incansablemente por una gestión eficiente y sostenible del agua y de promover un espacio de intercambio y encuentro entre los profesionales de todo el Estado, actúa esta asociación motor de cambio y evolución en un sector que afronta grandes retos ambientales, tecnológicos y normativos, como lo es ahora la nueva directiva de aguas residuales aprobada el pasado 5 de noviembre”, ha puntualizado.
Jesús Maza ha aprovechado para saludar telemáticamente a todos los miembros de la Comisión presentes en la jornada y ha incidido en la importancia de que “el agua no debe formar parte del debate político, pero sí de estar, y de forma destacada, en la agenda política”. Por su parte, Enrique Baquerizo agradeció al Consorcio la organización de la jornada ya todos los miembros asistentes su asistencia. "Seguro que hoy daremos pasos adelante para seguir mejorando de manera conjunta la gestión que hacemos del agua residual", ha expresado.
Por último, la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, ha agradecido al Consorcio y a AEAS que hayan escogido Granollers para llevar a cabo esta importante jornada. "Es un orgullo que esté hoy en nuestra ciudad trabajando e intercambiando conocimiento para mejorar el sector de las aguas residuales, tan importante para mejorar el entorno natural y la vida de las personas", ha concluido.
En el marco de esta jornada, la Comisión ha celebrado su Plenaria y las reuniones de sus grupos de trabajo, donde han debatido, fundamentalmente, sobre los requerimientos de la nueva Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU), cuya revisión ha sido aprobada esta semana por el pleno del Consejo Europeo.
Desde AEAS, sobre todo en el seno la Comisión V, se ha trabajado intensamente en la coordinación, redacción y presentación de alegaciones tanto en la Subdirección General de Planificación Hidrológica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), como con los europarlamentarios españoles. Se ha trabajado con la Federación Europea de Asociaciones Servicios de Agua (EurEau) para defender los intereses del sector en las instituciones europeas de forma más efectiva.
La nueva directiva de tratamiento de aguas residuales (TARU) introduce objetivos muy ambiciosos, que el sector debe cumplir en unos plazos muy ajustados. Va a ayudar a mejorar la protección de las masas hídricas a la vez que favorece una gestión más sostenible, pero también va a suponer un reto muy importante en aspectos como la aplicación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), alcanzar los límites de eliminación de nutrientes y microcontaminantes, alcanzar la neutralidad energética, el control de los desbordamientos, los nuevos requisitos analíticos o la vigilancia epidemiológica.
Esta norma va a suponer un gran reto de gobernanza para nuestro país, por el marco competencial complejo que tenemos, pero también económico, por la necesidad de nuevas infraestructuras o renovación de instalaciones que serán precisas.
Por último, no se debe olvidar el reto tecnológico que van a suponer los nuevos requerimientos de tratamiento de agua, la necesidad de recuperar recursos, la obligación de alcanzar la neutralidad energética o las exigencias de controles de análisis, en un contexto donde ni siquiera alcanzamos la recuperación de costes en las tarifas.
La directiva se firmará y publicará próximamente en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación. Los Estados miembros de la UE dispondrán de un plazo de hasta 30 meses para adaptar su legislación nacional a las nuevas normas, es decir, para transponer esta directiva.
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