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AMB ha presentado las nuevas motos eléctricas metropolitanas de uso compartido, que ha regulado a través del otorgamiento de licencias metropolitanas, vía concurso público, y que empezarán a funcionar en los primeros ocho municipios los próximos días.
El servicio, de regulación metropolitana y de titularidad y gestión privada, llegará antes de que acabe el año hasta casi 10.000 motos, estacionadas en el espacio público, y supone un nuevo impulso para potenciar y facilitar opciones de movilidad sostenible en la metrópolis de Barcelona. Llegará a los siguientes 8 municipios: Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs.
El acto, celebrado ayer en la sede del AMB, ha corrido a cargo del presidente del AMB y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y del vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón. También han asistido alcaldes y alcaldesas de los municipios y representantes de las empresas operadoras y propietarias del servicio.
“Hoy damos el pistoletazo de salida a la moto eléctrica compartida metropolitana. Damos un paso de gigante. Se trata de la mayor regulación de Europa. Es una opción sostenible más para que la ciudadanía pueda escoger su mejor opción de movilidad”, ha explicado Cordón, quien también ha recordado el objetivo del AMB de mejora de la salud y de calidad del aire y de vida de la gente con alternativas limpias. “Esto ha sido posible gracias a la delegación de competencias de 8 ayuntamientos en el AMB. Es un éxito de colaboración entre distintas administraciones públicas” ha añadido Cordón. También ha destacado que con esta nueva apuesta "fomentamos la intermodalidad y el cambio de hábitos".
Con la resolución de la primera convocatoria, el AMB ha otorgado cinco licencias, que corresponden a cinco empresas operadoras, con un total de 9.950 vehículos. Concretamente, las empresas son las siguientes: Hori Rides, SL (2.050 motos), Yego Urban Mobility, SL (2.050 motos), Cooltra Motosharing, SLU (1.950 motos), Go Sharing, BV (1.950 motos) y Acciona Mobility, SA ( 1.950 motos). A partir de mañana, miércoles 30 de octubre, las empresas tienen 40 días naturales para realizar todo el despliegue del servicio.
Estas 9.950 motos llegarán a tres municipios del Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat), dos del Barcelonès (Barcelona y Hospitalet de Llobregat) y tres del Besòs (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona). Se ha previsto una zona de cobertura mínima, a la que las empresas deben dar servicio obligatoriamente. También se han previsto ámbitos con restricciones, donde podrán estacionar bajo determinadas condiciones, y ámbitos de prohibición, en los que no podrán estacionar, que a menudo ya están recogidos en las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento.
Las licencias tienen una vigencia de dos años, prorrogables por un período máximo de dos años más (de año en año), y el AMB revisará periódicamente el número de vehículos asociados a cada licencia. Esta convocatoria y sus bases han sido fruto de la Mesa Metropolitana de la Moto Eléctrica Compartida, donde participaron 60 entidades, y también se han trabajado con la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Cada una de las cinco empresas tendrá su propia app y sus propias tarifas. En este sentido, el AMB sólo regula su uso y preserva el espacio público. Sin embargo, la disponibilidad de motos también se podrá visualizar en las aplicaciones AMB Movilidad y SMOU.
Aparte, el AMB ha creado una comisión técnica, formada por técnicos de este organismo, de los municipios y de las empresas operadoras, que hará seguimiento del despliegue y, coordinadamente con las policías locales, velará por el buen uso de la moto compartida en el marco de la regulación y la seguridad vial. Además, todos los operadores se han adherido al código de buenas prácticas de seguridad vial del AMB.
Las Bases reguladoras también contemplan un régimen sancionador específico, que regula la gravedad de las infracciones y los mecanismos de revocación y reasignación de las licencias revocadas entre los operadores activos, siempre siguiendo el orden establecido por sorteo.
Las licencias otorgadas están sujetas a una tasa del AMB para la gestión anual de la licencia (45 €/vehículo al año) ya las tasas para el aprovechamiento especial del espacio público de cada municipio, según las ordenanzas municipales correspondientes.
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