Administraciones públicas y sistemas colectivos llaman a reforzar la colaboración para cumplir los objetivos de reciclaje de residuos electrónicos

Este ha sido el llamamiento común de los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), la Junta de Andalucía, la administración municipal y los sistemas colectivos de gestión de estos residuos, durante la inauguración del VI Congreso Nacional de Gestión de RAEE, que se celebra desde ayer en Córdoba y que concluirá hoy.

A este respecto cabe señalar que, según datos del MITERD, en 2021 nuestro país gestionó el 47,8% de los aparatos puestos en el mercado, índice por debajo del objetivo obligatorio de recogida del 65% que establecen las normativas comunitaria y nacional. No obstante, dicho objetivo viene siendo calificado de poco realista desde hace tiempo por los expertos, entre ellos Lucía Herreras, subdirectora general de la organización internacional WEEE Forum, quien en su intervención ha señalado que “su cálculo exige mucha información que no aportan los estados miembros. La alternativa a este objetivo basado en la puesta en el mercado -ha añadido- es un índice de circularidad que tenga en cuenta la vida útil de cada tipología de aparatos”.

La recuperación de materias primas críticas, nuevo paradigma

A la mencionada colaboración entre productores y comercializadores de aparatos, gestores de residuos, administraciones públicas y consumidores, Margarita Ruiz Saiz-Aja, subdirectora general de Residuos del MITERD, ha añadido otra serie de factores para hacer frente a lo que ha denominado “un nuevo paradigma que busca convertir los RAEE en fuente estratégica de materias primas fundamentales”. 

En concreto, Ruiz Saiz-Aja ha indicado la necesidad de aumentar las inversiones, como el PERTE de Economía Circular, que ha calificado de “oportunidad histórica para modernizar la gestión de residuos como los paneles fotovoltaicos o las baterías de vehículo eléctrico”, así como la de optimizar la trazabilidad y la contabilización de los residuos y reforzar los controles para luchar contra los free riders, aquellos fabricantes o importadores que incumplen la obligación de financiar y recoger los aparatos que comercializan al final de su vida útil.

En la misma línea, se ha manifestado María Rincón Liévana, policy officer en la Comisión Europea, que ha resumido la amplia batería de normativas impulsadas desde el órgano de Gobierno comunitario en la pasada legislatura para “afrontar un momento crítico, dado que la extracción global de materiales se ha triplicado desde 1970 y la oferta de materias primas recicladas alcanza sólo el 12% en la UE”.

En relación con los objetivos de recogida también se ha manifestado José Pérez, consejero delegado de Recyclia y presidente de OfiRaee[1], entidad impulsora del Congreso, quien ha señalado que su cumplimiento es la principal finalidad de los sistemas colectivos, para lo que ha demandado seguridad jurídica y flexibilidad en la normativa para reducir la excesiva carga administrativa. Según Pérez, “jamás hemos cuestionado los mecanismos de control, pero consideramos necesario eliminar o reducir ciertos excesos burocráticos, en línea con la recomendación del recientemente publicado Informe Draghi para mejorar la competitividad de la UE”.

Por último, Pérez ha alertado del retroceso en el progreso hacia una economía circular efectiva en términos prácticos, “a pesar del evidente crecimiento de la popularidad de este concepto”. De hecho, ha señalado, la tasa de circularidad global ha descendido de forma gradual del 9,1% registrado en 2018 al 7,2% en 2023, según el informe ‘The Circularity Gap 2024’ de la Fundación Circle Economy.