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Nuestro país ya cuenta con unos objetivos actualizados para la transición energética. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la Vicepresidenta Tercera Teresa Ribera ha corroborado la senda ambiciosa que ya marcaba el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Los nuevos objetivos oficiales, 48% de renovables sobre el consumo final de energía y un 81% de electricidad renovable, ambos para 2030, no se alcanzarán sin cambios profundos en nuestro modelo energético.
Teresa Ribera, en una de sus, previsiblemente, últimas intervenciones como Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras ser propuesta como Vicepresidenta de la Comisión Europea, ha oficializado las metas que adelantó el borrador del pasado año: pasar del 50,4% al 81% de electricidad renovable y del 23,8% al 48% sobre el consumo final de energía. Cifras muy ambiciosas para un período de únicamente seis años, que sólo se alcanzarán con un profundo cambio de nuestra regulación y un plan estratégico igual de ambicioso.
“Los objetivos ambiciosos son una buena noticia para el sector, siempre y cuando vengan acompañados de una estrategia para alcanzarlos. Nuestro país cuenta con unos recursos renovables que lo sitúan en una posición privilegiada para acometer la transición energética y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, pero la realidad es que deben ponerse sobre la mesa medidas más concretas y atractivas para aprovechar estas energías si queremos alcanzar unas metas tan ambiciosas”, ha señalado el Director General de APPA Renovables, José María González Moya.
El PNIEC presentado hoy, que da carácter oficial a las cifras del borrador existente, mantiene unas cifras ambiciosas de integración renovable a pesar de que la realidad de los últimos años se ha alejado de la senda necesaria para alcanzarlos: la demanda no está creciendo como se preveía, agravando vertidos y apuntamientos; la energía eólica no mantiene un crecimiento acorde con los objetivos; y el autoconsumo continúa su ralentización tras el máximo de potencia instalada anual alcanzado en 2022.
“Es fundamental que aceleremos en la electrificación de la demanda. No podemos mantener el contrasentido de importar combustibles fósiles y desperdiciar electricidad renovable, y esta transformación sólo la conseguiremos si apostamos por la electrificación, el almacenamiento y la flexibilidad de la demanda”, ha apuntado González Moya sobre la actual situación del sector renovable.
La mayor parte (37%) de la inversión prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que supera los 300.000 millones de euros corresponde al sector renovable, que deberá atraer unas inversiones descomunales en un mercado eléctrico marcado por la volatilidad (este mes de abril marcó el récord de precio mínimo con 13,67 €/MWh). “Si no se establece un marco regulatorio suficientemente atractivo para las nuevas inversiones, es imposible que se materialicen, especialmente en el sector fotovoltaico, donde las compañías han experimentado ya este año los efectos que ha provocado un fuerte desequilibrio instalador entre tecnologías. Si no corregimos el desarrollo fotovoltaico, con más almacenamiento y más demanda en horas centrales del día, los proyectos fotovoltaicos sufrirán mucho en los próximos años”, explica el Director General de APPA Renovables.
A falta de una estrategia específica de electrificación de la demanda, la electricidad supone únicamente un 24,7% de la energía final (dato de 2023), por lo que, con ese 81% de objetivo, las renovables eléctricas sólo representarían el 20% de la energía final, siendo necesario cubrir el restante 28% con nuevos consumos eléctricos renovables, mayor cuota de renovables en el transporte y una mayor presencia de calor y frío renovables. Las renovables térmicas deberían multiplicarse por tres en los próximos seis años, algo que se antoja realmente complicado de llevar a cabo.
La electrificación y descarbonización de la industria es fundamental, así como el impulso de los biocarburantes, una mayor presencia del vehículo eléctrico y una apuesta decidida por las tecnologías renovables térmicas y también por los gases renovables, con el biometano como la solución más cercana en el tiempo para descarbonizar los procesos de altas temperaturas. En este sentido, resulta sorprendente la ampliación de los objetivos referentes al hidrógeno, tecnología aún alejada de su competitividad, cuando el biometano no sólo da solución a problemas existentes de residuos, sino que, adicionalmente, puede integrarse directamente en las infraestructuras de transporte y los procesos industriales existentes.
El mayor pico de consumo eléctrico de nuestro país se produjo el 17 de diciembre de 2007, con 45.450 MW de potencia consumida de forma instantánea. Desde entonces, hace ya diecisiete años, este valor no se ha superado. A pesar de ello, el PNIEC mantiene un objetivo de potencia fotovoltaica (incluido el autoconsumo) de 76 GW y de 62 GW de eólica, potencia que tendrá convivir, al menos en sus primeros años, con el parque nuclear existente. Esto obliga a un esfuerzo integrador que debe priorizar el almacenamiento, la electrificación y la flexibilidad de la demanda para dar cabida a toda esta potencia renovable.
El incremento de los objetivos en almacenamiento e hidrógeno contrasta con las dificultades que están teniendo las compañías para conectarse a las redes de transporte y distribución, siendo necesaria la eliminación de burocracia y la mejora en la tramitación de permisos para acelerar la integración de los nuevos proyectos. Adicionalmente, no sólo se debe priorizar la incorporación de almacenamiento, que permita integrar tecnologías que ahora mismo tienen problema de integración, también apostar por aquellas energías que, directamente, aportan firmeza y son gestionables como la biomasa.
“Las situaciones que hemos vivido en abril, con precios récord mínimos en el mercado eléctrico, no han tenido respuesta por parte del regulador, lo que manda un mensaje claro a los inversores: si el precio cae, estarán solos. Es necesario que se prioricen las tecnologías más alejadas de los objetivos, con subastas específicas; y que se establezca un marco regulatorio que proporcione seguridad frente a un mercado volátil, esto es fundamental para atraer la inversión privada”, ha concluido José María González Moya.
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