Chile avanza en desalación: Cambios en el proyecto de ley

La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua (ALADYR) expresó su apoyo a las indicaciones sustitutivas que modificaron el proyecto de ley que busca regular la industria de la desalinización en Chile. María José Zegers y José Ignacio Zaldivar, socios de Zegers Abogados y voceros en materia legal de ALADYR, se mostraron particularmente optimistas respecto a los cambios en la calificación del agua desalada.

"El hecho de que la calificación del agua desalada como bien nacional de uso público haya sido eliminada y reemplazada por una declaración que reitera lo que ya establece nuestro Código Civil es un paso positivo" comentó José Ignacio Zaldívar.

Desde la Asociación explicaron que la calificación como “bien nacional” al agua dulce proveniente de la desalinización era uno de los aspectos que más preocupaba al sector privado pero que el anuncio de la sustitutiva “trae calma al mercado”. “Son bienes nacionales de uso público el mar territorial y las aguas interiores del Estado, incluyendo el fondo marino y el subsuelo que lo conforman, así como sus playas. Esta última declaración constituye una reiteración de lo que ya señala al respecto nuestro Código Civil desde hace 170 años, así que no debería afectar negativamente el desarrollo de la industria” reiteró el especialista.

Sin embargo, ALADYR también manifestó su preocupación por los plazos de tramitación necesarios para la construcción de nuevas plantas desaladoras. "Aunque el proyecto de ley establece la posibilidad de tramitar en paralelo el proceso de evaluación ambiental y la concesión, lo que en teoría debería favorecer los plazos de aprobación, en la práctica podrían surgir retrasos debido a los trámites adicionales requeridos para la obtención de la nueva concesión de desalación", añadió María José Zegers.

“Habría que esperar la aprobación de los otros proyectos de ley que están dirigidos a la disminución de los plazos de los permisos, como es el que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín 16.566-03) y el de reforma al SEIA (Boletín 16.552-12)” precisó Zegers. 

Cabe destacar que un proyecto de desalación en Chile puede demorarse hasta 10 años debido a los trámites y procesos regulatorios necesarios para su aprobación y construcción. “Las sequías cada vez más intensas por acción del cambio climático y los aumentos en las demandas nos compelen a buscar formas de acelerar estos procesos para que la solución llegue a dar el alivio tan esperado” agregó Jerry Ross, presidente de ALADYR.

Por otro lado, los abogados sostienen que el proyecto de ley ha sufrido modificaciones significativas que corrigen errores y omisiones del texto original. Entre los cambios más importantes, se subraya la creación de una concesión marítima especial para la desalación de agua de mar y el otorgamiento de facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) para supervisar y fiscalizar el proceso de desalinización.

El proyecto de ley instaura la prioridad del uso del agua desalada para consumo humano, saneamiento y mantención de caudales ecológicos. Esta medida pudo haber generado inquietudes en sectores como el minero que es uno de los que más depende de la desalinización como tecnología, pero desde el despacho de abogados puntualizan que la ley establece un límite del 5% de la capacidad de producción de las plantas para estos usos preferentes, por lo que la medida no debería atentar contra la viabilidad de los proyectos. Además, dijeron que los usuarios deberán pagar una tarifa fijada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo que podría mitigar aún más las preocupaciones iniciales.

También calificaron como positivo que la indicación sustitutiva permita la imposición de una servidumbre legal de desalación, aunque acotaron que aún existen aspectos que requieren perfeccionamiento, como la incidencia de la Estrategia Nacional de Desalación y el procedimiento de otorgamiento de concesiones.

ALADYR continuará monitoreando de cerca el progreso de este proyecto de ley y coloca a disposición de los legisladores todo su expertise técnico para asegurar que los marcos regulatorios sean favorables para el desarrollo sostenible de la industria de la desalinización en Chile.