Los gestores urgen la armonización regulatoria en materia de residuos sanitarios

Hoy en día, no existe una legislación nacional que regule este tipo de residuos. Este estudio, realizado por el despacho Ramón y Cajal y Abogados, no solo analiza la situación actual, sino que también propone las líneas maestras que podría contener una norma de ámbito español con el fin de homogeneizar la gestión de estos residuos.

El documento presentado sirve para dar respuesta a lo establecido en la disposición final séptima de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, donde se establece que, en un plazo máximo de tres años, se llevará a cabo un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios. Por ello, las dos asociaciones confían en que el estudio presentado hoy acelere este proceso para lograr una clasificación y nomenclatura homogénea a lo largo del territorio nacional.

El estudio aboga por el establecimiento de una definición y categorización de los residuos sanitarios a nivel estatal, así como la estandarización de las características de los envases y la homogeneización tanto de la gestión intracentro (segregación e identificación, almacenamiento intermedio y final) como de la gestión extracentro (transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación).

A la presentación del estudio asistieron Antonio Ponce, presidente de AGERSAN, Fermín Retamero, miembro del Consejo Rector de ASEGRE y Luis Palomino, secretario general de ASEGRE. Todos ellos han destacado que actualmente no existen reglas comunes para la gestión de estos residuos.

“La gestión de estos residuos se somete a condiciones distintas en cada comunidad autónoma en cuanto a características de los envases, tiempos de almacenamiento, características de los vehículos, condiciones de almacenamiento y de transporte, y condiciones de tratamiento y eliminación. Hay comunidades autónomas que se rigen por normas excesivamente antiguas, que no responden debidamente a los principios y estándares actuales aplicables a la gestión de residuos e incluso hay comunidades autónomas que carecen de regulación propiamente dicha en la materia”, incidieron durante la presentación.

Por su parte, Carlos Melón, socio en Ramón y Cajal Abogados, bufete encargado de la elaboración de este estudio, afirmó que la ausencia de un mínimo común denominador en cuanto a la regulación de la gestión de residuos sanitarios tiene efectos perjudiciales para los operadores económicos y para el interés público, como son el incremento de costes (en la medida en que impide las economías de escala), la dificultad de la gestión de los residuos (debido a que establece condiciones diferentes para la gestión en función del territorio), o la limitación de la competencia, por la barrera de entrada que supone el cumplimiento de una regulación distinta en cada comunidad autónoma. Esto también se traduce en inseguridad jurídica, por la dificultad de identificar la regulación aplicable (por ejemplo, en los traslados de residuos entre comunidades autónomas) y en la limitación de la unidad de mercado en este sector.

Este estudio se publica como parte de un convenio de colaboración firmado hace un año entre estas dos asociaciones, que tiene como fin impulsar la armonización de la regulación de los residuos sanitarios en España. De esta forma, queda patente la urgencia de unificar las normas actuales para establecer métodos de gestión y tratamiento, plazos, una recogida selectiva que evite riesgos durante la gestión y un establecimiento de los contenidos mínimos de los contenedores. Con ello se favorecería la innovación y el desarrollo tecnológico, la competitividad y la aplicación de la economía circular en una actividad que se ha mostrado esencial durante la pandemia. De hecho, la gestión incorrecta de los residuos sanitarios peligrosos puede liberar al medio ambiente sustancias que resultan dañinas para la salud de los organismos vivos. Entre este tipo de residuos se encuentran los residuos biosanitarios, químicos, de medicamentos citotóxicos y citostáticos, así como radiactivos.