El 20 de mayo entró en vigor el nuevo reglamento europeo sobre traslados transfronterizos de residuos

Esta revisión tiene como objetivo primordial asegurar que los residuos sean enviados únicamente a países que cuenten con los medios y las medidas adecuadas para su correcto tratamiento, además de prohibir de forma tajante las exportaciones con fines de eliminación a terceros países.

Según el nuevo Reglamento, las exportaciones fuera de la OCDE solo se permitirán si estos países informan a la Comisión Europea de que están dispuestos a importar residuos y demuestran que tienen capacidad para gestionarlos de forma sostenible. Estos nuevos requisitos se aplicarán a partir del 21 de mayo de 2027.

La exportación de residuos plásticos a países no miembros de la OCDE quedará prohibida a partir del 21 de noviembre de 2026 durante un periodo de 2,5 años, tras el cual esos países podrán empezar a recibir residuos plásticos sujetos a las estrictas normas del reglamento.

Todas las empresas de la UE que exporten residuos fuera de la UE tendrán que asegurarse de que las instalaciones que reciben sus residuos se someten a una auditoría independiente que demuestre que esas instalaciones gestionan esos residuos de forma respetuosa con el medio ambiente.

El nuevo Reglamento también establece modernos procedimientos digitalizados para facilitar y seguir mejor los traslados de residuos dentro de la UE. En virtud del nuevo Reglamento, los procedimientos de traslado de residuos pasarán a ser digitales a partir del 21 de mayo de 2026. Además, habrá requisitos para mejorar la transparencia de los traslados de residuos dentro de la UE.

Por otro lado, los envíos dentro de la UE de residuos para operaciones de valorización que estén incluidos en la “lista verde“ seguirán estando permitidos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de información general establecidos.

El nuevo Reglamento también prevé una aplicación más rigurosa y una mayor cooperación en la lucha contra el tráfico de residuos. La nueva ley complementará la nueva Directiva sobre delitos medioambientales, que también entró en vigor a partir del 20 de mayo.

Asimismo, el nuevo Reglamento facilita una cooperación más estrecha entre los Estados miembros de la UE y establece sanciones más disuasorias contra los delincuentes implicados en el comercio ilícito de residuos. La Comisión podrá actuar sobre el terreno para apoyar las investigaciones de los Estados miembros sobre la delincuencia transnacional relacionada con el tráfico de residuos, con la participación directa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).