Los españoles desconocen la existencia de sanciones por abandonar basuraleza

Además, el 77 % de los españoles considera que la medida más efectiva para disminuir la cantidad de basura en la naturaleza sería la aplicación de multas económicas. Esta situación viene apoyada por la aprobación de una normativa sobre delitos ambientales, entre los que se refleja el abandono de residuos en el medio natural. El 27 de febrero de 2024, el Parlamento Europeo aprobó mediante el procedimiento legislativo ordinario varios textos legislativos significativos que abordan los delitos contra el medioambiente donde se recogen expresamente menciones al manejo de residuos y su impacto ambiental.

Esta directiva implica una serie de acciones específicas: identifica conductas que constituyen delito cuando son ilícitas e intencionadas, incluyendo vertidos, emisiones o introducciones de sustancias nocivas, así como la comercialización de productos que puedan causar daños al medioambiente, y establece sanciones penales y medidas accesorias proporcionales a la gravedad de los delitos, como multas y prohibiciones de actividades relacionadas con el medioambiente.

Desde el proyecto Libera se reconoce el valor disuasorio de las sanciones y se valoran positivamente los avances normativos en la lucha contra la basuraleza. Paralelamente, considera que se debe trabajar en la implementación de acciones educativas y de concienciación para reducir y eliminar la basuraleza. En este sentido, SEO/BirdLife y Ecoembes mantienen que la sensibilización ambiental y la promoción de prácticas responsables en la gestión de residuos son fundamentales para prevenir la necesidad de aplicar sanciones.

En lo que respecta al abandono de basuraleza en entornos naturales, la responsabilidad de imponer multas recae en las autoridades locales, según lo establece la Ley 7/2022. Con el fin de garantizar una aplicación justa de las normas, se ha decidido incorporar un artículo especial para identificar claramente a los responsables, asegurando así que cada persona (física o jurídica) sea responsable de sus acciones.

Cada estado miembro tiene un plazo de dos años para transponer esta nueva regulación en su ordenamiento jurídico nacional desde su publicación.