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Christophe Mallet, director general de Sarpi Veolia en España, ha sido nombrado nuevo presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE), en la última Asamblea General de esta organización.
Le acompañan en su mandato Xabier Caño, consejero delegado de Agaleus, que asume el cargo de vicepresidente, y Fermín Retamero, vicepresidente de Stericycle para sur de Europa, que ejerce el de tesorero.
Mallet tiene una experiencia de más de 30 años en el sector medioambiental dentro de multinacionales como Veolia o Suez. Ha ocupado varios puestos de dirección, a nivel internacional, en negocios relacionados con el tratamiento de aguas y de residuos. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el IESEG Business School de Francia.
Ante su nueva posición en el Consejo Rector, Mallet ha expuesto los planes y objetivos que Asegre se marca para este año. En primer lugar, el sector deberá realizar importantes inversiones para lograr la descarbonización y la neutralidad climática que exige la Unión Europea. En el caso de España, para los sectores difusos, que abarcan las actividades no sujetas al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el objetivo marcado es una reducción del 38% para 2030 respecto a los niveles del año 2005. Estas inversiones también serán necesarias tanto para las plantas de tratamiento de residuos existentes, como para la creación de nuevas instalaciones. Además, bajo el mandato de Mallet, Asegre continuará trabajando para lograr homogeneizar la normativa de traslado de residuos.
Por otro lado, bajo la presidencia de Mallet, Asegre va a llevar a cabo la presentación de un estudio comparado sobre la gestión de residuos sanitarios en el ámbito español. Actualmente no hay una legislación de carácter nacional para los residuos sanitarios, lo que hace que existan trece comunidades autónomas con legislación específica, algo que genera una gran disparidad normativa. El estudio facilitará a las administraciones públicas competentes el cumplimiento de la nueva ley de residuos y suelos contaminados, donde se establece que, en un plazo máximo de tres años, se llevará a cabo un estudio comparado de la normativa autonómica reguladora de los residuos sanitarios. También propone las líneas que podría contener la norma de ámbito nacional, con el fin de homogeneizar su gestión.