La patronal del sector de renovables critica la nueva normativa del Gobierno de Aragón

Según estas fuentes, “las instalaciones fotovoltaicas, los parques eólicos o las líneas eléctricas se verían afectados por el gravamen que está tramitando el gobierno aragonés, frenando la inversión en nuevos desarrollos renovables y la electrificación, necesaria para dotar al territorio aragonés de energía limpia y autóctona”.

El comunicado conjunto presentado por ambas asociaciones considera que, “además de ir en contra del desarrollo regional de Aragón, el gravamen podría ser contrario al marco fiscal europeo en materia de fiscalidad energética y de desarrollo y penetración de renovables. El Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión Europea, en los apartados 4.1 y 4.3 de su anexo, considera que las instalaciones eólicas y fotovoltaicas son actividades económicas que contribuyen, de forma sustancial, a la mitigación del cambio climático y determina que no causan un perjuicio significativo a ninguno de los objetivos ambientales, por lo que no se podría justificar un nuevo impuesto que, en opinión del gobierno aragonés, internalice los costes sociales y ambientales de estos proyectos”.

Por su parte, señalan que “la creación de nuevos impuestos a las renovables, de aplicación retroactiva, dañaría gravemente la seguridad jurídica de las inversiones en Aragón, encareciendo innecesariamente los proyectos y dificultando su financiación, frenando la creación de empleo y riqueza en la región. Aragón es una de las cinco comunidades autónomas con mayor potencia renovable instalada. En 2023, más del 50 % de la generación eléctrica de nuestro país fue de origen renovable, teniendo la región aragonesa un importante papel en este logro. Debido a su potencial eólico y fotovoltaico, se esperaba que Aragón experimentase un gran desarrollo asociado a este impulso a las energías renovables, sin embargo, la creación de impuestos regionales específicos puede poner en peligro este impulso.

 Esta amenaza podría afectar también a las decisiones de inversión en otras industrias, debido al efecto que las renovables tienen en el abaratamiento de costes. La competitividad alcanzada por estas energías hace que otras industrias puedan beneficiarse de costes energéticos reducidos mediante la contratación de PPAs (contratos de compra-venta de energía), consiguiendo ventajas competitivas que, con esta regulación, se ponen en riesgo. Debido a esto, el desarrollo industrial se está produciendo en regiones donde se implantan renovables debido a la seguridad de suministro y la competitividad de los costes energéticos. La política fiscal planteada pone en riesgo futuras inversiones en Aragón más allá de las relacionadas con renovables.

 Adicionalmente, la norma establece gravámenes a las líneas eléctricas, algo que afectará al desarrollo renovable y a la necesaria electrificación de la sociedad, privando a particulares y empresas de cambiar sus consumos fósiles por un consumo eléctrico más sostenible y menos contaminante”, apuntan también desde la APPA y AEE.