La UNEF valora muy positivamente las prórrogas en la Autorización Administrativa de Explotación y Construcción

Además, los promotores podrán prolongar desde los cinco hasta un máximo de ocho años el plazo para obtener la Autorización Administrativa de Explotación; solo tendrán que indicar el semestre en que prevén la entrada en servicio de la instalación, con carácter vinculante.

“La ampliación del plazo de Autorización Administrativa de Explotación y de la Autorización Administrativa de Construcción, es una gran noticia para el sector que veía las fechas de consecución de estos hitos como un riesgo para la viabilidad de proyectos clave para culminar la transición energética en nuestro país. Agradecemos al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico esta decisión”, ha declarado Rafael Benjumea, presidente de UNEF.

Gracias a esta prórroga, las empresas promotoras contarán con el tiempo necesario para conseguir la financiación requerida y para realizar el despliegue de los proyectos con los mayores estándares de integración social y medioambiental posibles. Esta medida garantiza la seguridad jurídica necesaria para la consecución de los indicadores de implementación fotovoltaica que delimita el Plan Integrado de Energía y Clima en consonancia con los objetivos de descarbonización para 2030.

 “Las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros muestran el compromiso del ejecutivo con la transición energética, estableciendo un marco favorable para la consecución de los objetivos 2030 de descarbonización. Además, son un revulsivo para atraer y mantener el atractivo inversor que tiene nuestro país debido a los proyectos renovables, en general, y de energía solar en particular”, ha explicado Benjumea.

Para UNEF, la ampliación del plazo de Autorización Administrativa de Construcción, que tuvo lugar en junio de 2023, supuso un balón de aire puntual para la viabilidad de los proyectos. Sin embargo, las nuevas prórrogas aprobadas hoy son las medidas definitivas que necesitaba el sector para que el despliegue fotovoltaico se pueda hacer de manera ordenada por parte de las empresas y con el rigor necesario por parte de la administración.

Además, esta prórroga posibilita la graduación voluntaria de los proyectos, permitiendo que se desarrolle la cadena de valor fotovoltaica en nuestro país y atrayendo nuevas inversiones. “Evita cuellos de botella tecnológicos, elimina presión inflacionista en los procesos de construcción de los proyectos y va a permitir estabilizar en el tiempo las oportunidades laborales que presenta el sector de la energía solar en España”, ha recalcado Benjumea.