La Guardia Civil, prácticamente desde su nacimiento, hace ya casi 180 años, ha trabajado para garantizar el cumplimiento de las normas relativas a caza, pesca y conservación de bosques. De hecho, en 1876, mediante Real Orden de 7 de junio, el Cuerpo asume el desempeño del servicio de seguridad y policía rural y forestal.
Hoy el SEPRONA –tras más de 35 años desde su constitución- continúa velando por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, los espacios protegidos, los recursos hidráulicos, la caza y la pesca, el maltrato animal, los yacimientos y la ordenación del territorio.
El director general, Leonardo Marcos, explicó que uno de los elementos más preocupantes del delito medioambiental es la cada vez mayor vinculación con organizaciones criminales, por el efecto multiplicador sobre los efectos del delito.
Marcos continuó explicando que una de las características del delito medioambiental es que casi nunca se presenta de manera aislada, sino que para su comisión es preciso valerse de otros delitos conexos como pueden ser el fraude fiscal, el contrabando, la estafa, la falsedad documental o el delito de corrupción.
Entre las iniciativas a nivel europeo, la Unión Europea ha adoptado una legislación orientada a regular el comercio legal de vida silvestre y de residuos, y exigió a los Estados miembros que tipifiquen como delito y sancionen una amplia variedad de delitos contra el medio ambiente.
El Plan de Acción de la UE contra el Tráfico de Especies Silvestres de 2016 y el Plan de Acción de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental de 2018 ha complementado estos instrumentos legislativos. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha perfeccionado considerablemente sus actividades operativas en la lucha contra el comercio ilícito de productos que entrañan un riesgo para el medio ambiente.
El director general recordó otro acontecimiento relevante: la adopción de una Directiva Europea que armonizase los marcos legales sobre delito medio ambiental en el conjunto de la UE, lo que ha permitido iniciar la colaboración policial y judicial en este ámbito.
Actualmente se está trabajando en una nueva directiva europea que sustituya la actual Directiva 2008/99/CE sobre la protección del medio ambiente mediante el derecho penal para poder ampliar las conductas tipificadas y que se adapte al actual escenario en el que el crimen organizado tiene cada vez más relevancia.
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