El Foro de la Economía del Agua apela a que la regulación, las inversiones y los nuevos usos del agua entren en la agenda política del próximo Gobierno

Según datos de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS), el 26% de las tuberías de abastecimiento tienen más de cuarenta años, elevándose este porcentaje al 44% en el caso de las infraestructuras de saneamiento. Esta situación es, sin duda, una de las causantes de que, en España, más de una cuarta parte del agua distribuida por la red nunca acabe llegando a los usuarios.

Ante esta realidad, el presidente del Foro de la Economía del Agua, Francisco Lombardo, ha reivindicado “la urgente necesidad de acometer inversiones para renovar las infraestructuras hídricas y apostar por la digitalización para tener un control mucho más exhaustivo de las fugas y pérdidas de agua”, como además reclama el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, en línea con lo establecido en la Directiva Europea relativa a la Calidad de las Aguas destinadas al consumo humano.

Lombardo, quien ha efectuado estas reflexiones durante su intervención en la jornada “Agua, agricultura y sostenibilidad”, organizada por la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros de la Universidad CEU San Pablo y la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE), también ha afirmado la conveniencia de crear un regulador único e independiente que fije las condiciones mínimas que ha de cumplir el servicio, y “contribuya a dar respuesta a algunos de los retos que se plantean en el sector: adecuación normativa de la regulación que llega desde la Unión Europea, nuevos usos del agua o determinación de las inversiones estratégicas y cronogramas de ejecución”.

En este sentido, el presidente del Foro de la Economía del Agua también se ha referido a la promesa que el pasado sábado realizó el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de destinar 40.000 millones de euros a infraestructuras hídricas: “El déficit inversor en el sector del agua se prolonga ya desde hace más de una década, y ello pese a las reivindicaciones del sector o las sanciones que España ha recibido de la Unión Europea”. “La Directiva Marco del Agua del año 2000 establecía el principio de recuperación de costes, pero en España llevamos más de veinte años sin repercutir adecuadamente los costes que supone la prestación del servicio. Esto es, incumpliendo la normativa europea. Por tanto, es urgente que el agua ocupe un lugar prioritario en la agenda política”, añadió.

El reto de la reutilización

En un escenario como el actual, en el que las reservas hídricas se sitúan al 46,5% de su capacidad total, porcentaje que previsiblemente bajará en las próximas semanas, la seguridad hídrica se erige como un reto de primera magnitud que exige de una decidida apuesta por el desarrollo de recursos no convencionales: desalación y reutilización del agua.

España es actualmente el quinto país a nivel mundial y el primero de la Unión Europea en capacidad de reutilización, pero según datos de la reciente publicación del Foro de la Economía del Agua “La Economía Circular y el sector del agua en España: análisis jurídico-económico”, el porcentaje de agua que se reutiliza en España se cifra entre el 7 y el 13% del total del agua residual. Además, según ha señalado Lombardo en la jornada, “mientras que en las Islas o en regiones del litoral mediterráneo, como Murcia o la Comunidad Valenciana, los porcentajes son muy elevados, en el resto de la Península queda mucho trabajo por hacer”.

“La regeneración de aguas es una solución sostenible para la gestión eficiente del recurso, con beneficios tanto económicos como ambientales y sociales”, ha señalado Lombardo, para a continuación resaltar que “el reto, no obstante, no está solo en la cantidad de agua regenerada que seamos capaces de producir, que ha de ser creciente año tras año; también existe un reto normativo que está directamente relacionado con los usos que se pueden dar a esa agua regenerada”.

Como aspecto particularmente positivo, Francisco Lombardo ha destacado la concienciación generalizada que tiene España respecto a la importancia de transitar hacia un modelo de economía circular. “Está claro que en los últimos años se ha producido un cambio en el modelo económico y productivo, con una preocupación y compromiso político y empresarial crecientes; pero también con un cambio destacado en el ámbito del consumo, con un ciudadano mucho más concienciado, participativo y exigente en torno a compromisos medioambientales”, ha explicado, citando como ejemplo la aprobación el pasado mes de marzo de la Ley de Economía Circular de Andalucía.

“La Ley, que dedica un capítulo íntegro (Capítulo VI) a la implantación de la circularidad de las aguas, reconoce además de forma expresa que la gestión de un recurso tan escaso como el agua es un reto de presente y de futuro que exige el aprovechamiento eficiente, de la aplicación de sistemas circulares de consumo y la utilización de las aguas regeneradas, así como el uso de lodos de depuradoras”, ha concluido.