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Con motivo de la aprobación en Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para su posterior tramitación parlamentaria, Ecovidrio agradece la apuesta del Ejecutivo para acelerar la transición de España a un modelo circular, así como la ambición de los objetivos de reciclado que se establecen y la importancia de implantar mecanismos que garanticen la transparencia de los datos,
De la misma manera, el refuerzo de los mecanismos para avanzar en medidas de prevención y ecodiseño por parte de los productores y las referencias explícitas a la unidad de mercado y a la universalidad del servicio de gestión (todos los residuos en todo el territorio) son puntos clave para avanzar en la dirección correcta.
La obligatoriedad de la recogida separada de los biorresiduos domésticos antes de que finalice el año 2021 y la extensión de la responsabilidad ampliada del productor a flujos como el textil, los aceites de cocina usados o los muebles y enseres supone uno de los puntos clave de la Ley. Solo a través de la correcta gestión de estas fracciones, España alcanzará los objetivos de reciclaje municipal del 55% que establece Europa para el año 2025.
A falta de conocer el texto definitivo que será registrado para tramitación parlamentaria, todas las valoraciones han sido realizadas en base al último borrador al que ha tenido acceso Ecovidrio y que le fue remitido por el Consejo de Estado en el mes de marzo.
Inquietudes frente a la ley
El texto remitido en su día al Consejo de Estado propone que los ayuntamientos reciban, por parte de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), financiación para la recuperación de residuos de envases de vidrio que no han sido correctamente separados por los ciudadanos a través del contenedor verde y que por lo tanto están presentes en la bolsa gris. Este escenario difiere de la filosofía de las directivas comunitarias, que incide en el refuerzo de la recogida separada eficiente. De esta forma, se estaría incrementando la financiación precisamente en los ayuntamientos que presentan peores ratios de reciclaje de envases de vidrio, desincentivando que tomen medidas para mejorar la recogida separada y se desviarían recursos para las acciones de refuerzo que eleven la tasa de reciclado. La mejora de la recogida separada debería ser fin último de cualquier política de gestión de residuos para garantizar el mejor desempeño ambiental de nuestro país.
Por otra parte, la recuperación y el tratamiento de los envases de vidrio que acaban en las plantas de RU por su incorrecta separación en origen es en la mayoría de los casos inviable técnicamente y, desde luego, muy poco eficiente. Potenciar esta vía, en lugar de la selectiva eficiente, menoscaba la propiedad de completa circularidad del material vidrio ya que se perdería mucho material (100% reciclable cuando se gestiona a través del contenedor verde) y podría derivar en que mucho residuo acabara en vertedero sin poder reincorporarse al ciclo productivo.
Además, los nuevos costes no necesarios ni eficientes podrían impactar muy negativamente en las compañías envasadoras financiadoras del sistema, en un 98% pequeñas y medianas empresas, en un momento delicado para su competitividad a causa de la pandemia.
Asimismo, consideramos muy relevante que la ley refuerce la corresponsabilidad de todas los agentes que participan en el sistema de gestión de residuos (desde los entes locales a los ciudadanos, pasando por los SCRAPS y las autoridades ambientales de las Comunidades Autónomas), mediante una mejor definición de sus responsabilidades y obligaciones dentro del sistema.
En definitiva, esperamos que la tramitación parlamentaria de la ley y el futuro Reglamento de envases proporcionen un espacio adicional de reflexión que nos brinde la oportunidad de mejorar la futura regulación nacional y sirva para llevar aún más lejos los excelentes resultados de reciclaje de envases de vidrio en España: a través del modelo más eficaz, eficiente y sostenible.