España incrementó la potencia eólica en 392 MW en 2018

De la nueva potencia eólica instalada en España, 190 MW (el 48,5% del total) corresponden a parques en las Islas Canarias. Esta cifra pertenece al cupo canario de 450 MW de potencia para la percepción del régimen retributivo especifico fijado por la ORDEN IET 1459/2014, de 1 de agosto. El resto de los megavatios instalados -unos 200 MW- corresponden a 90 MW en Aragón, 68 MW en Galicia, 30 MW en Andalucía, 10,37 MW en Castilla La Mancha y 2,35 MW en Cataluña.

En total, en España hay 1.123 parques presentes en 807 municipios, con 23.308 aerogeneradores instalados, que cubren el 19% del consumo eléctrico. Asimismo, hay 195 centros de fabricación en dieciséis de las diecisiete comunidades autónomas.

En el conjunto del año, la eólica generó 48.902 GWh, un valor del 2,9% por encima del de 2017 y cubrió el 19% de la energía demandada por los españoles, según datos de Red Eléctrica de España (REE).

El efecto reductor de la eólica en el mercado eléctrico español, en 2018, sigue beneficiando al consumidor. Los más beneficiados del efecto reductor de la eólica son los consumidores industriales. Para un consumidor medio que tenga la Tarifa AT1 y un consumo de 1.500 MWh anuales, el ahorro a lo largo de 2018 ha sido de 3.540 €. Es decir, sin la producción eléctrica de origen eólica, la electricidad le hubiera costado 3.540 € más al año.

La comunidad autónoma con mayor potencia instalada continúa siendo Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 78%. Castilla y León es un caso extraordinario, ya que se trata de una comunidad autónoma que exporta mucha más electricidad de la que consume. Le siguen Castilla-La Mancha y Galicia en el ránking de potencia instalada. A la cola están Madrid, Ceuta, Melilla, Baleares y Extremadura. Esta última comunidad autónoma acaba de inaugurar su primer parque eólico con 40 MW de potencia (febrero 2019).

Con estas cifras positivas para el sector eólico, AEE considera que la tecnología eólica está preparada para desarrollar con éxito el crecimiento de su parque eólico y, uno de sus retos inmediatos, es poner en marcha antes de marzo de 2020 la potencia eólica de las tres subastas celebradas en 2016 y 2017. La instalación de esta potencia es una oportunidad para el crecimiento del mercado y tendrá un efecto positivo para España como es el mantenimiento de la industria eólica española, la creación de empleo, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo social y económico en las zonas donde se instalen los nuevos parques, etc. Con los datos del Ministerio sobre las instalaciones de las subastas que han sido acreditadas, a día de hoy, a lo largo de 2019 se deberían conectar más de 3.000 MW de nueva potencia eólica.

El sector confía en que todos los actores implicados trabajen mano a mano para que todos los proyectos adjudicados en las subastas estén funcionando en la fecha acordada. Asimismo, se han de seguir planificando junto con la Administración las nuevas incorporaciones de potencia eólica posteriores para cumplir con los objetivos de 2030 y 2050. La aprobación de los objetivos renovables para 2030 supone una clara oportunidad para la eólica española.

Los objetivos marcados por la UE para las renovables a 2030 se mantienen con independencia de las próximas elecciones. Es por ello, que es muy importante establecer una hoja de ruta para alcanzar los objetivos y no perder tiempo. Tenemos un marco europeo que nos da una senda clara de desarrollo para los próximos 10 años. La visibilidad y estabilidad a largo plazo es fundamental para atraer a las inversiones necesarias para a cumplir los objetivos.

Por eso, de cara a las próximas elecciones, el sector pide a los partidos políticos que busquen un consenso político en relación con la necesaria ley de cambio climático y transición energética para abordar una mayor participación de las energías renovables en nuestro sistema, y así maximizar su aportación a la economía y al bienestar de todo el territorio. Las inversiones necesarias que requieren las nuevas instalaciones son posibles en un marco de consenso y estabilidad regulatoria. También creemos que es indispensable un firme apoyo político para la ejecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tanto a nivel nacional como autonómico y local.