UNEF considera un paso muy importante el apoyo de todos los partidos de la oposición al fomento del autoconsumo eléctrico

Esta iniciativa, que ya ha sido registrada en la Cámara Baja, se basa en el acuerdo de compromiso firmado el pasado año por los partidos políticos y apoyado por una amplia representación de la sociedad civil, consumidores, sindicatos, asociaciones empresariales de energías renovables, ecologistas y movimientos sociales, para fomentar el desarrollo del autoconsumo eléctrico como una herramienta clave para la democratización de la energía, la lucha contra el cambio climático, así como la creación de empleo. 

Las distintas formaciones han justificado la Proposición de Ley ante la falta de un nuevo Real Decreto de autoconsumo eléctrico, “que surja a partir de un diálogo constructivo con todos los actores implicados y que elimine todas las barreras carentes de justificación”. 

Entre los cambios urgentes que proponen del Real Decreto 900/2015 están: 

1.- El reconocimiento al derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, ya que en ningún momento se hace uso de la red eléctrica. Se trata, pues, de equiparar el tratamiento del autoconsumo al de cualquier otra medida de ahorro o eficiencia energética; 

2.- Se habilita la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, lo que se considera imprescindible para que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico y contribuir a la lucha contra la pobreza energética; 

3.- Simplifica la tramitación administrativa especialmente para las instalaciones pequeñas y que no inyectan electricidad a la red eléctrica para las que bastará una notificación; 

4.- Adapta el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo al verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico evitando así las multas multimillonarias para los pequeños autoconsumidores que establece la actual ley del Sector Eléctrico de diciembre de 2013. 

Esta Proposición de Ley desarrolla, además, el compromiso asumido por todos los partidos políticos (menos el Partido Popular) el pasado 27 de julio de 2015, cuando, antes de que fuera aprobado el Real Decreto 900/2015 de autoconsumo, se comprometieron en primer lugar a contribuir a derogarlo, y en segundo, a crear con la máxima urgencia una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que permitiese a la sociedad en su conjunto disfrutar de sus beneficios económicos, ambientales y sociales.  

Todos los partidos coinciden en considerar al autoconsumo eléctrico renovable como uno de los instrumentos más apropiados para reducir el impacto medioambiental de la generación eléctrica y disminuir la importación de combustibles fósiles, permitiendo equilibrar la balanza comercial y fortalecer, al mismo tiempo, la independencia energética de nuestro país. 

En conformidad con los compromisos adquiridos, la Proposición de Ley presentada hoy prevé la modificación del artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la derogación de algunas disposiciones del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

Además, en la Proposición de Ley se incluye una cláusula que establece un plazo máximo de tres meses para que el Gobierno produzca el reglamento necesario para implementar la Proposición, y otra que afirma que, si la eliminación del peaje de respaldo para las instalaciones de autoconsumo tiene repercusión en los Presupuestos del Estado, que se tome en consideración este elemento en la definición de los presupuestos para 2018, pero que esta razón no sea suficiente para vetar la Proposición por parte del Gobierno. 

Para UNEF, el actual marco normativo en materia de autoconsumo no solo no está en sintonía con las legislaciones de otros países europeos y recomendaciones de la Comisión Europea, encaminadas a combatir contra el cambio climático y fomentar el desarrollo de la generación distribuida, sino que impone barreras a la democratización energética y carga de manera innecesaria al autoconsumidor con cargos y dificultades administrativas que impiden de facto el desarrollo de este derecho.