Recyclia pide más control para el tráfico ilegal de residuos electrónicos en Europa

La plataforma medioambiental Recyclia urge a tomar medidas ante las alarmantes conclusiones que recoge el informe del proyecto CWIT (Countering WEEE Illegal Trade) de la Unión Europea, según el cual sólo el 35% de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son gestionados correctamente en Europa. Además, este mismo informe relaciona el tráfico ilegal de estos residuos con la financiación del crimen organizado.

El informe, en cuya elaboración han participado la Interpol, la Universidad de Naciones Unidas y el WEEE Forum,  asociación europea de la que es miembro Recyclia, señala que, en 2012, sólo 3,3 millones de toneladas de un total de 9,5 millones de toneladas de productos electrónicos desechados por empresas y particulares (algunos de ellos aún en uso), siguieron cauces adecuados y legales para su reciclaje. El resto, 6,2 millones de toneladas, fueron exportadas, recicladas sin control o simplemente arrojadas a contenedores.

Igualmente, y según el estudio, durante este mismo año, 1,3 millones de toneladas de productos desechados salieron de Europa de manera indocumentada. Se estima que, de este total, el 30% eran residuos electrónicos (400.000 toneladas), y el 70% restante, aparatos aún en funcionamiento. Además, el estudio apunta que comienza a haber indicios de conexiones entre este tráfico ilegal y casos de evasiones fiscales o blanqueo de dinero.

Por otro lado, el informe estima que el robo de componentes de valor de residuos electrónicos, tales como placas de circuitos o metales preciosos, se traduce en graves pérdidas para los procesadores de residuos europeos que cumplen escrupulosamente la legislación medioambiental. Concretamente, el estudio estima este coste entre 800 y 1.700 millones de euros anuales.

Ante esta situación, Recyclia aboga por aumentar el control de los flujos nacionales y transfronterizos de residuos electrónicos y endurecer las condenas por infringir la normativa en esta materia. La plataforma añade la necesidad de armonizar estas sanciones y los criterios de contabilización y trazabilidad de los diferentes flujos entre los estados europeos, así como simplificar los trámites administrativos, para facilitar el control.

En este sentido, Recyclia incide en aspectos específicos como definir los requisitos técnicos para la valoración de los aparatos que pueden ser reutilizados o, por el contrario, deben reciclarse; y el control de la distribución on-line, en cuanto al cumplimiento de las mismas obligaciones que la venta física, en materia de reciclaje sobre los equipos que ponen en el mercado.

Según José Pérez, consejero delegado de Recyclia, “es prioritario adoptar estas medidas, dado que, tal y como señala el informe, la gestión ilegal de RAEE, además de perjudicar al medio ambiente,  se ha convertido en una actividad lucrativa y con un bajo nivel de detección por parte de  las autoridades. Los Sistemas Integrados de Gestión –añade Pérez- garantizamos que el 100% de los residuos que recogemos son tratados correctamente, pero somos asociaciones sin ánimo de lucro y carecemos de los recursos necesarios para controlar todos estos flujos”.

era indocumentada. Se estima que, de este total, el 30% eran residuos electrónicos (400.000 toneladas), y el 70% restante, aparatos aún en funcionamiento. Además, el estudio apunta que comienza a haber indicios de conexiones entre este tráfico ilegal y casos de evasiones fiscales o blanqueo de dinero. 

Por otro lado, el informe estima que el robo de componentes de valor de residuos electrónicos, tales como placas de circuitos o metales preciosos, se traduce en graves pérdidas para los procesadores de residuos europeos que cumplen escrupulosamente la legislación medioambiental. Concretamente, el estudio estima este coste entre 800 y 1.700 millones de euros anuales.

Ante esta situación, Recyclia aboga por aumentar el control de los flujos nacionales y transfronterizos de residuos electrónicos y endurecer las condenas por infringir la normativa en esta materia. La plataforma añade la necesidad de armonizar estas sanciones y los criterios de contabilización y trazabilidad de los diferentes flujos entre los estados europeos, así como simplificar los trámites administrativos, para facilitar el control.