17 de diciembre, 2014
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PEFC España ha celebrado su vigésima Asamblea General, en Bilbao, a la que asistieron representantes de propietarios forestales públicos y privados de las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Galicia y Navarra,  así como representantes de entidades de ámbito nacional como Aspapel y COSE.

En el transcurso de la Asamblea, los socios de PEFC España pusieron en común las distintas actividades llevadas a cabo a lo largo del 2014 reforzando su compromiso con la sostenibilidad como quedó plasmado en sus intervenciones. PEFC sigue liderando la sostenibilidad y la certificación en el sector forestal español como demuestran las cifras de cierre con 1.811.528 hectáreas de monte, 14.760 gestores y 1.084 empresas certificadas.

A su término, PEFC España se unió a la celebración del 10º aniversario de PEFC Euskadi organizado por PEFC Euskadi y la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco. El acto, celebrado en el Palacio Euskalduna, significó un reconocimiento público a los propietarios, empresas e instituciones vinculadas al sector forestal que trabajan en defensa de la certificación de los bosques en Euskadi, una labor que ha permitido durante esta década desarrollar una gestión forestal sostenible y garantizar la cadena de custodia de los productos forestales del País Vasco. 

Aragón nuevo miembro de PEFC España
Cabe destacar la incorporación del Gobierno de Aragón como nuevo miembro de la Asamblea General de PEFC España. Esta Comunidad Autónoma, que ya cuenta con cerca de 56.000 hectáreas, 10 gestores y 32 empresas certificadas por PEFC, se une al compromiso de otras comunidades y entidades por gestionar sus montes de forma sostenible.

Tal y como explicó, Roque Vicente, Director General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón: “Este proceso no se limita al monte sino que continúa en la industria, mediante la denominada cadena de custodia,  hasta que el producto llega al consumidor final con una etiqueta que garantiza que procede de un monte gestionado de forma sostenible. En definitiva, se trata de un instrumento que garantiza al consumidor que la madera o cualquier otro producto forestal procede de bosques gestionados de manera ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable”.

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