Terraqui. Derecho Ambiental.

Según la norma, la arquitectura se concibe como un bien de interés general, por su contribución a la creación de identidad cultural, a la calidad de vida, al bienestar social, a la inclusión en la comunidad y a la salud, así como su relevancia para mitigar los efectos del cambio climático y su trascendencia económica.

El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea presentó un nuevo paquete normativo de impulso en el ámbito de las finanzas sostenibles para orientar la financiación en el ámbito del Pacto Verde Europeo. Entre la normativa aprobada, se incluye el Acto delegado de taxonomía de la Unión Europea sobre el clima, que clasifica qué actividades contribuyen mejor a mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. ¿En qué consisten estos criterios? ¿Qué actividades se consideran climáticamente sostenibles?

De la relación de las 865 sentencias dictadas por el TJUE el año pasado, 50 tratan sobre asuntos de temática ambiental según su informe anual de 2019.

La mejora de las prácticas de economía circular en el sector de la construcción es clave para aumentar la reutilización de materiales y el reciclaje de alta calidad.

El ejercicio que supone el primer intento de definir la economía circular en el seno de la Unión Europea aparece en el marco de una propuesta de Reglamento relativa a facilitar inversiones sostenibles.

Este artículo de opinión se basa en el tercer informe que el IMPEL elabora para poder detectar las dificultades en la aplicación de la normativa ambiental y para establecer herramientas de mejora que permitan superar los problemas que las administraciones se encuentran en su día a día respecto a la aplicación de la normativa ambiental.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 1 de junio de 2017 dictada en el asunto C-529/15 da respuesta a varias cuestiones relativas a la Directiva de responsabilidad medioambiental; entre ellas, su ámbito de aplicación temporal y la legitimación activa para presentar observaciones en materia de daños medioambientales, solicitar a la autoridad competente la adopción de medidas de acuerdo con dicha Directiva y para recurrir ante un tribunal o cualquier otro organismo público competente.

Este Artículo recoge el análisis de la ponencia de estudio para la evaluacion de diversos aspectos en materia de residuos y el resumen de los objetivos cumplidos y de la estrategia a seguir en el marco de la Unión Europea.