26 de octubre, 2026
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Por Pilar Arrayás, directora de Cartón Circular

La implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en los envases industriales ha abierto un debate que va más allá de quién financia la gestión de los residuos. La cuestión es cómo se articula la responsabilidad sobre esos residuos, quién aporta la información necesaria para acreditar su destino y cómo deben distribuirse los recursos económicos asociados al cumplimiento. Resolver estas cuestiones exige distinguir las funciones de cada actor y evitar que el reporte de la trazabilidad se convierta en un factor de distorsión del mercado del reciclaje.

En el ámbito industrial, el residuo de envase suele generarse lejos del punto de envasado. Una fábrica recibe materias primas, componentes o mercancías protegidas con palés, cajas, film y otros elementos de embalaje. Tras el desembalaje, estos materiales se incorporan a los flujos de residuos de la instalación, que debe clasificarlos, separarlos y organizar su entrega a un gestor autorizado para su tratamiento.

Esta operativa, habitual desde hace décadas, adquiere una nueva dimensión con la RAP. Las normativas nacional y europea vigentes establecen obligaciones específicas para los poseedores finales de residuos de envases industriales. Más concretamente, el Real Decreto 1055/2022, de envases y residuos de envases, en su artículo 42.5, indica que cuando el sistema de responsabilidad ampliada del productor no organiza directamente la gestión del residuo, corresponde al poseedor informar sobre la trazabilidad de los residuos de envases que genere. De este modo, la legislación sitúa al poseedor en el centro de la obligación de asegurar la gestión del residuo. A su vez, el artículo 44 regula la separación por materiales y la entrega de los residuos conforme a las vías previstas en la normativa.

Para las empresas, esto obliga a diferenciar dos posiciones que pueden coincidir en una misma organización: la de productor de producto, por los envases que pone en el mercado, y la de poseedor final, por los residuos que genera en sus instalaciones. Cada una responde a una realidad operativa distinta y requiere identificar correctamente las obligaciones aplicables.

El principal desafío técnico consiste en construir una cadena de información que permita relacionar el residuo generado con su gestión efectiva. La entrega a un gestor autorizado es un paso esencial, pero no resuelve por sí sola todas las necesidades de información de un sistema de RAP.

Para que la trazabilidad sea útil, los datos deben permitir identificar el origen del residuo, su clasificación, las cantidades entregadas, el gestor que las recibe y las operaciones posteriores hasta el tratamiento correspondiente. También, es necesario que la documentación sea coherente entre los distintos eslabones y permita detectar discrepancias entre las cantidades declaradas y las efectivamente gestionadas.

Esto requiere procedimientos de registro, mecanismos de intercambio de información y criterios homogéneos para documentar los movimientos. La clasificación mediante los códigos LER aplicables, los justificantes de entrega y la documentación relativa al tratamiento forman parte de esa cadena informativa. La información debe resultar verificable y no limitarse a una declaración de cantidades.

Aquí conviene distinguir entre la ejecución material de la gestión y la responsabilidad sobre su organización. El gestor autorizado recoge, transporta o trata los residuos dentro del alcance de su actividad y dispone de la información sobre las operaciones que realiza. El poseedor final, por su parte, organiza la salida de los residuos de sus instalaciones y debe cumplir las obligaciones que le corresponden. Ambos son responsables del recorrido del residuo, pero sólo el poseedor tiene la obligación de reportar la trazabilidad del residuo.

Por eso, el hecho de que el gestor pueda comunicar información al SCRAP mediante el correspondiente apoderamiento no debería confundirse con una transferencia automática de las responsabilidades del poseedor final. La colaboración documental permite simplificar el reporte, pero no elimina la responsabilidad de la gestión.

Esta distinción tiene consecuencias económicas. El mismo artículo 42.5 del Real Decreto 1055/2022 que indicaba antes contempla mecanismos de información y financiación en los acuerdos entre los sistemas de RAP y los poseedores finales, no con los gestores. Sobre esa base, el incentivo asociado al reporte de trazabilidad debe dirigirse al poseedor final, que es quien asume las obligaciones y el esfuerzo organizativo vinculados a la gestión de sus residuos.

El gestor autorizado debe recibir la remuneración correspondiente a los servicios que presta conforme a su relación comercial con el cliente/poseedor. El incentivo del SCRAP responde a la lógica de reconocer la participación del poseedor final en el sistema y facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la gestión y la información.

Confundir ambos conceptos puede alterar los equilibrios existentes. Si los incentivos destinados a obtener información se canalizan directamente hacia los gestores, pueden acabar influyendo en las condiciones comerciales o en la distribución de los flujos de residuos. El riesgo no reside en la colaboración entre SCRAP y gestores, que resulta necesaria, sino en que la obtención de datos se convierta en un mecanismo de competencia económica ajeno a la función que debe cumplir la trazabilidad.

En Cartón Circular formalizamos acuerdos con los poseedores finales para mantener la operativa industrial existente y permitir que los gestores faciliten la información necesaria para el reporte cuando cuentan con la correspondiente autorización. El incentivo económico se dirige al poseedor final. Así, la obtención de datos y el reconocimiento económico quedan vinculados a la organización de la gestión sin necesidad de alterar las relaciones entre la industria y sus gestores.

La forma en que se diseñan estos incentivos también merece atención. Cuando varios SCRAP operan sobre los mismos flujos de residuos, las diferencias en los pagos pueden influir en las decisiones de las empresas y en las relaciones entre poseedores y gestores. Si los criterios y las condiciones económicas no son comparables, resulta difícil valorar si la competencia se basa en la calidad del servicio y en la eficiencia del modelo o en incentivos cuya dimensión no es conocida por el mercado.

Por eso defendemos que los incentivos destinados a los poseedores finales sean públicos, junto con los criterios que determinan su aplicación. No perseguimos uniformar necesariamente las condiciones de todos los sistemas, sino hacerlas transparentes. La publicación de los importes y de las reglas aplicables permitiría comparar modelos, conocer cómo se distribuyen los recursos y evaluar mejor sus efectos sobre el funcionamiento del sistema.

En Cartón Circular hacemos públicos los pagos destinados a los poseedores finales. Entendemos que la transparencia debe ser una práctica compartida por el sector, especialmente cuando los recursos proceden de las aportaciones económicas de los productores y pueden influir en un mercado en el que participan gestores y poseedores de residuos.

La RAP debe incorporar las garantías de información y control que exige la normativa sin sustituir innecesariamente los mecanismos de gestión que ya funcionan. Su finalidad no debe generar costes innecesarios en los productores, sino asegurar que los residuos se gestionan correctamente y que esa gestión puede acreditarse.

La consolidación del modelo exige, por tanto, algo más que sistemas informáticos o procedimientos de reporte. Requiere una distribución coherente de las funciones, datos contrastables, criterios económicos transparentes y exigencia de responsabilidad en la trazabilidad para demostrar el cumplimiento de la normativa. Esa es la base sobre la que debemos construir un sistema de gestión de envases eficiente, transparente y respetuoso con la cadena de valor del reciclaje.

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