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El sector de los residuos industriales y peligrosos encara 2025 con una serie de desafíos significativos. Muchos de ellos derivan de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2022, que introdujo importantes cambios, generando implicaciones que aún perduran. Pero no ha sido esta la única legislación con impacto tanto en el año pasado con en el que comienza.
Luis Palomino Secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE)
El traslado de residuos sigue siendo un tema crítico. En 2025, se prevé que persista la falta de criterios armonizados, la inseguridad jurídica ocasionada por el rechazo de ciertas comunidades autónomas a aceptar traslados hacia sus territorios. Este conflicto, originado en 2023, pone de manifiesto las tensiones entre el principio de autosuficiencia, defendido por estas regiones, y el principio de proximidad, respaldado por la mayoría de los actores del sector y comunidades autónomas.
Es preocupante que algunas regiones hayan introducido limitaciones generales al traslado de residuos, contraviniendo la legislación nacional que solo permite restricciones bajo criterios específicos y tras un análisis caso por caso. Sin una aplicación rigurosa y armonizada de la legislación de residuos, la falta de seguridad jurídica podría desincentivar las inversiones de la industria por no disponer de una gestión de residuos ágil y adaptada a sus necesidades.
Desde el sector, insistimos en la necesidad de una visión nacional para la gestión de los residuos. Esto implica desarrollar una red integrada de instalaciones que evite duplicidades innecesarias y asegure una cobertura adecuada de todas las necesidades.
Precisamente, uno de los hitos del pasado año estuvo relacionado con lo estipulado en el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. Esta normativa obliga a las empresas que ponen envases y embalajes industriales y comerciales en el mercado español, a financiar y organizar la gestión de los residuos generados. Para ello, pueden cumplir con la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) de manera colectiva mediante la adhesión a un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP).
Muchos de estos envases tienen una clasificación de residuo peligroso, lo que conlleva una gestión diferenciada en la que se tiene que garantizar el cumplimiento de la jerarquía, la trazabilidad de los residuos y su tratamiento seguro para elevar aún más las tasas de recuperación mediante recogida separada, preparación para la reutilización, reciclaje y valorización.
