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La movilidad sostenible sigue consolidándose como un eje estratégico para la transformación ambiental, económica y social. A pesar de los avances en 2024, los retos pendientes evidencian la necesidad de mayor cooperación y compromiso. De hecho, de los los últimos datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se desprendía que aunque las emisiones de GEI en 2023 han bajado un 7,6% hasta 270 millones de toneladas de CO2-eq -la cifra más baja de la serie histórica-, el transporte sigue siendo el principal emisor, constituyendo el 32,5 % de las emisiones en términos de CO2-equivalente. Ahora, de cara a 2025, nos encontramos en un momento crucial para garantizar un modelo de movilidad que sea eficiente, seguro y equitativo, basado en un compromiso con la sostenibilidad ambiental, económica y social.
2024: Avances y Barreras
Este año ha sido un periodo de luces y sombras en movilidad sostenible. Entre los avances nos encontramos con el crecimiento de las matriculaciones de vehículos eléctricos en Europa y España, que si bien no han sido a la velocidad que se esperaba, por primera vez las matriculaciones de vehículos con enchufe superaban a las de vehículos diésel. Sin embargo, la antigüedad de la flota automovilística española continúa siendo una de las más elevadas de Europa. De ahí la necesidad de establecer incentivos fiscales para la incorporación de flotas más sostenibles y seguras y el achatarramiento de vehículos antiguos.
En el ámbito urbano, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) han sido una pieza clave en el impulso de una movilidad más sostenible y una mejora de la calidad del aire, y con ello de la calidad de vida, pero su implementación ha sido desigual. Según la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, antes del 31 de diciembre de 2024 todos los municipios con más de 50.000 habitantes, y territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes que superen ciertos niveles de contaminación, debían instaurar una ZBE para reducir la contaminación urbana. En total, esto afecta a más de 151 municipios que abarcan al 52% de la población española. Sin embargo, a cierre del 2024 no llegaban al 30%.
El retraso en la aprobación de la Ley de Movilidad ha sido otro de los grandes retos del año. Esta legislación, que debía dar seguridad jurídica y ser un catalizador para establecer estrategias e iniciativas, como es el caso de la implantación de los planes de movilidad urbana y laboral, permanece estancada, generando incertidumbre entre empresas y administraciones.
A pesar de estos desafíos, iniciativas como los Premios Internacionales de Movilidad, organizados por Empresas por la Movilidad Sostenible con el respaldo del MITMA y otros organismos, han destacado proyectos innovadores que están marcando la diferencia en la transición hacia formas de transporte más limpias y accesibles.
Expectativas y Prioridades para 2025
El año 2025 se perfila como un periodo determinante para consolidar los avances y superar las barreras. Estos son algunos de los temas claves que serán protagonista:
• Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Su plena implementación será esencial para fomentar el uso de transporte público, bicicletas y vehículos eléctricos. Como señala el IV Informe OBS de Movilidad Eléctrica, estas zonas actúan como catalizadores para el impulso de la movilidad eléctrica.
• Cumplimiento Legal: La consolidación de normativas como la Directiva de Vehículo Limpio, AFIR, y la Ley de Eficiencia Energética serán claves. Esto incluye la instalación de infraestructuras como puntos de recarga y aparcamientos para bicicletas, así como la ejecución del Real Decreto de Infraestructura de Recarga.
• Ley de Movilidad: La creación de planes de movilidad laboral será un desafío pero también una oportunidad para las organizaciones, que deberán ofrecer alternativas sostenibles a sus empleados.
• CSRD y Huella de Carbono: La inclusión del “Alcance 3” en el cálculo de las emisiones GEI en la normativa CSRD obligará a las empresas entre otros puntos, a medir y comunicar las emisiones que genera por su actividad, incluyendo el impacto de la movilidad directa e indirecta. Lo que conllevará una redefinición de su cadena de actividad, priorizando soluciones de movilidad más sostenibles, tanto para el transporte de sus productos como de sus empleados propios y subcontratados. Una medición y comunicación base para la mejora continúa.
• Rediseño de las cadenas de suministro: en línea con el punto anterior, se buscará acortar la cadena de suministro y acercar la producción, no sólo para garantizar una menor huella ambiental del producto y posible incremento en costes, también para minimizar los riesgos de ruptura de la cadena de suministro.
• Reindustrialización y Aranceles: Los aranceles pasarán a jugar un papel clave, que podría representar la reindustrialización local. Un ejemplo de ello son los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, que podrían representar una oportunidad para desarrollar una industria nacional más competitiva y sostenible, siempre que se aproveche de manera estratégica.
• Calidad del Aire: La nueva Directiva de Calidad del Aire y el empoderamiento del ciudadano que esta conlleva, pondrá presión adicional a los Estados miembros para acelerar sus planes de calidad del aire, y con ello, sus planes de movilidad, conscientes de que el transporte es uno de los máximos responsables en este sentido.
• Normativa CAFE, costes del combustible y créditos de CO2
La nueva normativa de tarificación por emisiones subrayará la necesidad de vehículos más limpios, incentivando tanto a empresas como a ciudadanos a adoptar alternativas sostenibles.
• Ayudas y CAEs: Las ayudas gubernamentales jugarán un papel clave en el despliegue de soluciones sostenibles. Los Certificados de Ahorro de Eficiencia Energética (CAEs) podrían convertirse en protagonistas. Sin embargo, serán necesarios programas de financiación e incentivos donde se prioricen las acciones con visión 360 que busquen la sostenibilidad económica, social y ambiental situando al usuario en el centro.
• Nuevas tecnologías: la actualización continua de nuevas soluciones tecnológicas y un acompañamiento legislativo que asegure su correcto desarrollo, además de la necesidad de garantizar la interoperabilidad, accesibilidad y seguridad de dichas soluciones, escalará posiciones en las agendas empresariales, tanto públicas como privadas.
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