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La proliferación de SCRAP para distintos flujos de residuos impulsada por las nuevas normativas comunitarias podría equipararse a lo que coloquialmente conocemos como la purga de Benito. La industria del reciclaje ha apoyado decididamente todos aquellos instrumentos políticos para aumentar la circularidad, pero vuelve a defender la libre competencia, el ecodiseño y la obligatoriedad de contenido reciclado en los nuevos productos como las principales herramientas para alcanzar un verdadero modelo de desarrollo sostenible.
Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) han llegado para quedarse. Así lo establecen las últimas normativas sobre gestión de residuos emanadas desde la Unión Europea y las correspondientes adaptaciones o transposiciones normativas realizadas por los Estados miembro. Claro ejemplo de ellos son el Reglamento de envases y residuos de envases, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado mes de abril, o el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases, que establece que las empresas que ponen envases y embalajes industriales y comerciales en el mercado español deben financiar y organizar la gestión de los residuos generados.