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La movilidad ha pasado de ser una necesidad a ser considerada un derecho y un eje vertebrador del desarrollo económico y social. Y es que, como ciudadanos -pero también como empresas- somos generadores de movilidad y, a su vez, dependientes de ella. Desde hace unos años estamos siendo testigos de un ‘tsunami normativo’ que se está produciendo en torno a la movilidad. Y es que se han desarrollado numerosas normativas, todas con un mismo objetivo: garantizar una movilidad sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también económica y social, impulsando la descarbonización del transporte y la intermodalidad hacia modos de transporte más sostenibles.
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May López, Directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible
El Pacto Verde Europeo, el Fit for 55, la directiva de vehículos limpios, la Estrategia Europea para el Uso de la Bicicleta, el PNIEC, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Hoja de Ruta del Hidrógeno, la Hoja de Ruta del Biogás, el Real Decreto-Ley 29/2021, la Estrategia Estatal por la Bicicleta, el Real Decreto por el que se regulan las Zonas de Bajas Emisiones o el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible… son ejemplo de estas normativas.
De las más recientes y relevantes es la reciente aprobación por parte del Parlamento Europeo de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, como parte del paquete legislativo para alcanzar los objetivos climáticos en 2030 de reducción del 55% y la neutralidad climática en el 2050. Tal es así, que a partir del 2035 todas las furgonetas y turismos nuevos que se vendan en Europa y por consiguiente en España, serán cero emisiones de CO2. Unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que también se prevé alcancen a otro tipo de vehículos. De hecho, en el mismo día en el que se establecía este objetivo, también se publicaba una nueva propuesta de revisión de las normas de CO2 para camiones, remolques, autocares y autobuses, que aunque debe ser aprobada establece un objetivo de reducción de CO2 del 90 % para los camiones para 2040. Objetivo que aumenta en el caso de los autobuses urbanos, donde la Comisión propone el objetivo más ambicioso, consistente en que todos los autobuses urbanos nuevos sean cero emisiones a partir de 2030.
Medidas que van acompañadas de un refuerzo en la infraestructura de recarga y repóstame. De hecho, la Comisión ha propuesto que se instalen puntos de recarga y repostaje a intervalos regulares en las principales carreteras: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 km para el repostaje de hidrógeno. Objetivos, que aunque nos cueste imaginarlo en este momento, vendrá acompañado de una mayor demanda del consumidor por este tipo de vehículos.
De hecho, este 2023 será el año de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España, ya que desde el 1 de enero, los municipios de más de 50 mil habitantes, los territorios insulares y aquellos municipios que tengan una población superior a 20.000 personas y que superan los valores límites de contaminantes regulados, están obligados a poner establecer Zonas de Bajas Emisiones, que entre otras medidas restringirá el acceso a vehículos más contaminantes y priorizará los cero emisiones.
Esta medida afecta a más de 149 localidades españolas y unos 25 millones de usuarios se verán afectados por esta medida. De ahí la importancia de iniciativas como TOOLBOX ZBE (zonasdebajasemisiones.com), presentada en la Semana Europea de la Movilidad 2022 y que cuenta con el apoyo del MITMA, la DGT y la Fundación CONAMA, que tiene como objetivo fomentar la colaboración público-privada y facilitar la toma de decisiones para la implantación y mejora de las ZBE. Una plataforma en la que se comparten de forma amena y didáctica, iniciativas y soluciones que ya han sido implantadas en otras ciudades y que aportan beneficios y resultados positivos, normativa relacionada, casos de éxito y las últimas novedades, entre otros contenidos. Una herramienta viva, al igual que estarán las Zonas de Bajas Emisiones, ya que tal como establece el Real Decreto, las ZBE se establecerán indicadores de seguimiento y se revisarán en menos de tres años desde su establecimiento y, posteriormente, cada cuatro años.
Pero no solo se trata de adaptarse a las normativas, sino también de cambiar nuestros hábitos de movilidad y esto implica, en gran medida, cambiar cómo y cuándo nos movemos en nuestros desplazamientos laborales, el mayor generador de movilidad en la actualidad. Y es que, según dicta el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, aquellos centros de trabajo que tengan más de 500 trabajadores (o 250 por turno) deberán contar con un Plan de Movilidad al Trabajo con el objetivo de racionalizar los desplazamientos al lugar donde se desarrolla la actividad de los empleados, clientes, proveedores y visitantes.
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