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Según la norma, la arquitectura se concibe como un bien de interés general, por su contribución a la creación de identidad cultural, a la calidad de vida, al bienestar social, a la inclusión en la comunidad y a la salud, así como su relevancia para mitigar los efectos del cambio climático y su trascendencia económica.
El pasado 18 de enero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, tras finalizar el proceso de consulta pública al que fue sometido hasta el día 18 de noviembre de 2021.
La norma se plantea como un instrumento legislativo necesario para consolidar un nuevo modelo de transición económica, energética, ecológica y de evolución social que promueva una mayor inclusión y cohesión.
El texto normativo se remitirá a las Cortes Generales, iniciando su tramitación parlamentaria con su posterior aprobación y publicación. De esta manera, se da cumplimiento a una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
1. Contexto
Tal como pone de relieve el preámbulo de la norma, la pandemia y los periodos de confinamiento asociados han puesto de manifiesto la importancia del entorno físico que nos rodea, de la arquitectura y el urbanismo para procurar salud, bienestar y calidad de vida. En este sentido, se menciona que apostar por la calidad arquitectónica con carácter general, tanto en el entorno urbano como rural, supone reconocer: