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La Comisión Europea ha puesto toda la carne en el asador para la transformación del modelo actual de economía lineal en una economía circular, pero, para ello, las herramientas que están desarrollando no son del todo efectivas o realistas y propician ciertas prácticas o “gaps” en el sistema.
En España, en principio, el Gobierno ya ha considerado en los presupuestos generales del estado el impuesto a los productos plásticos de un solo uso
En 2019 se lanzó el paquete de economía circular, con objetivos de reciclaje mínimo para las fracciones de residuos recogidas de forma separada. También ese año se introdujo la obligatoriedad de que, en 2025, los envases de un solo uso contengan un 25% mínimo de plástico reciclado. Posteriormente, se prohibieron ciertos productos de plástico de un solo uso y se establecieron una serie de medidas para minimizar los que se fabrican. El impuesto a la fabricación de productos de plástico de un solo uso fue una de las más sonadas, junto con la prohibición.
Todas las medidas, según argumenta Europa, se establecen para la protección del medio ambiente y la salud. Hasta aquí, todo correcto.
Las directivas europeas son, como su nombre indica, directivas, de modo que los estados miembros deben trasponerlas mediante sus propios decretos ley.
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