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En España se comercializan al año alrededor de 300.000 toneladas de aceites industriales que se utilizan en equipamientos como maquinaria industrial, servicios de automoción o sistemas hidráulicos de transmisión, entre otras muchas aplicaciones. El consumo de este producto en todo tipo de vehículos y procesos productivos lleva aparejada la generación de aceites industriales usados, catalogados como residuos peligrosos dentro de la normativa actual europea y para cuyo control se han establecido políticas e instrumentos económicos que fomenten una gestión en la que se priorice la protección ambiental y la salud humana. SIGAUS, la entidad sin ánimo de lucro que se encarga de poner en marcha los mecanismos necesarios para financiar la gestión del aceite industrial usado generado en España, garantiza que el residuo sea recogido y tratado conforme a la ley medioambiental vigente, evitando así su impacto negativo en el entorno.
En España, con la aprobación del Real Decreto 679/2006 en junio de 2006, se estableció el Principio de Responsabilidad del Productor en el ámbito de la gestión de los aceites industriales usados, un marco normativo que obliga a las empresas fabricantes e importadoras de lubricantes a hacerse cargo de la correcta gestión de los residuos que se generan tras el uso o consumo de los productos que ponen en el mercado.