Un estudio liderado por la UOC apunta que los riesgos fiscales y climáticos están muy relacionados, y señala la calidad institucional como elemento clave para mitigarlos. El cambio climático amenaza la estabilidad macroeconómica y fiscal de los países. Solo los fenómenos meteorológicos extremos potenciados por el calentamiento global le cuestan al mundo 143.000 millones de dólares cada año.
La Carta de Arteixo se plantea como un proceso abierto y colectivo que busca reforzar el papel del agua como infraestructura crítica. El reto es claro: avanzar hacia una transición hídrica basada en datos, anticipación e inversión estructural sostenida por todas las administraciones.
En los últimos años, la conversación sobre movilidad sostenible se ha llenado de promesas tecnológicas. Hidrógeno, biocombustibles, electrificación o nuevas redes de recarga aparecen constantemente como soluciones capaces de descarbonizar el transporte.
En 2026 se cumplen veinte años desde la puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento Integral de Residuos de Meruelo, una infraestructura que ha marcado de manera decisiva la evolución del sistema de gestión de residuos urbanos en Cantabria.
El agua está en la agenda de las instituciones europeas, aunque no como eje central y transversal, que es el puesto que merece por ser un recurso finito e imprescindible para la vida humana, pero también necesario para alcanzar una economía sostenible y para la conservación de los ecosistemas.
La contaminación por olores ha sido durante años una gran ausente en la legislación ambiental estatal, pese a su impacto creciente en la calidad de vida. El nuevo Decreto 185/2025 de Canarias marca un hito al reconocer el olor como contaminante, fijar valores objetivo y establecer métodos de medición objetivos. La norma introduce obligaciones preventivas, planes de minimización y mayores controles para las actividades generadoras de molestias. Con ello, Canarias se sitúa a la vanguardia en la protección del bienestar y la convivencia ciudadana.