La implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España ya no constituye una hipótesis de trabajo, sino una realidad derivada del marco normativo europeo y nacional. El reto ya no consiste únicamente en recuperar un mayor número de botellas y latas, sino en diseñar un sistema capaz de integrarse con las infraestructuras existentes, garantizar la trazabilidad de los materiales, preservar materias primas secundarias estratégicas y reforzar la circularidad sin generar ineficiencias en el conjunto de la cadena de valor.
La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y de pilas y baterías al final de su vida útil vive un momento de transformación. La creciente demanda de materias primas críticas, la electrificación de la economía y la evolución del marco regulatorio europeo están reforzando el papel estratégico de la economía circular. Sin dejar de ser una herramienta esencial para reducir el impacto ambiental y favorecer un uso más eficiente de los recursos, hoy adquiere además una dimensión industrial, económica y geopolítica. Los resultados obtenidos por Recyclia en 2025 reflejan esta evolución.
En el actual contexto de economía circular y descarbonización, los biorresiduos siguen siendo “la gran olvidada” de la gestión de residuos, pese a representar entre el 30-40 % del flujo de resto. En los grandes productores —centros comerciales, supermercados, hoteles y colectividades— esta fracción sigue mayoritariamente sin segregarse adecuadamente y acaba en vertedero, perdiendo su alto valor energético y agronómico. En este artículo analizo la realidad actual de la segregación en grandes productores, el nuevo marco regulatorio del biometano y las tecnologías maduras de digestión anaerobia ya disponibles en el mercado. Una invitación clara a pasar de un modelo lineal a uno circular aprovechando un recurso que hoy se desperdicia.
El gas renovable ha entrado en una nueva era y ya no se considera simplemente una fuente de energía con bajas o nulas emisiones de carbono. Es hora de reconocer todas sus ventajas: una fuente regulable de moléculas locales que utiliza materias primas de origen local. Constituye una solución tanto para la gestión de residuos como una fuente fiable de fertilizantes orgánicos para respaldar la producción alimentaria nacional. En el contexto de las tensiones geopolíticas que afectan al flujo de gas y fertilizantes procedentes de Oriente Medio, ahora también es una fuente de independencia energética y de energía con bajas emisiones de carbono para apoyar el crecimiento de una nueva industria europea basada en tecnologías limpias, modernas, sostenibles y propias, como las promovidas por la NZIA (Ley de Industria con Cero Emisiones Netas) en el marco del Pacto Verde.
A poco más de un mes para que el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR) comience a aplicarse de forma directa, la circularidad deja de ser un objetivo aspiracional para convertirse en una exigencia concreta que marcará la competitividad de las empresas. Los resultados de reciclaje de 2025 constituyen el mejor termómetro para medir el grado de preparación del sistema español ante este nuevo marco normativo. En esta tribuna, analizo qué ha funcionado, qué retos persisten y cómo las compañías pueden convertir la adaptación al PPWR en una ventaja estratégica.
En este articulo examino las consecuencias jurídicas y operativas que derivarían del incumplimiento de la obligación de implantar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España. Partiendo de los datos oficiales que muestran que en 2023 solo se alcanzó un 41,3 % de recogida separada de botellas SUP —muy por debajo del objetivo del 70 %—, y conviene recordar que el Reglamento europeo PPWR y el artículo 59.2 de la Ley 7/2022 activan automáticamente el plazo de dos años para su implantación. Además analizo los principales riesgos a los que se enfrentarían los productores de bebidas: sanciones administrativas, reclamaciones de consumidores, posibles conductas de competencia desleal, responsabilidad medioambiental por littering y las obligaciones de información en materia de sostenibilidad derivadas de la Directiva CSRD. Conviene recalcar que el incumplimiento del plazo legalmente establecido no es inocuo y puede generar consecuencias significativas para las empresas afectadas.
